El Ministerio de Sanidad presentó ayer un Plan de Acción para la Prevención del Suicidio que espera poner en marcha en 2025 con el objetivo de evitar las 4.000 muertes que se notifican cada año por esta causa. Entre ellas, pone el foco en las personas más vulnerables, como son los menores y los ancianos, cuya tasa de fallecimiento en este último caso se dispara  a partir de los 80 años y, más aún, de los 95. Para ello, la iniciativa promoverá un registro de datos para «entender mejor» el fenómeno, introducirá un código de riesgo para su abordaje sanitario y fomentará la realización de autopsias psicológicas.

«Cada una de las 11 muertes diarias en España representan una tragedia que nos exige una reflexión como sociedad sobre las cotas de sufrimiento y de desesperanza que son cada vez más altas y frecuentes», destacó en la rueda de prensa de presentación la ministra del ramo, Mónica García.

A lo largo de seis objetivos y 40 acciones, el documento en fase de desarrollo tendrá como «elemento central» un grupo motor compuesto de investigadores, supervivientes, medios de comunicación, servicios de emergencias, policía, bomberos, profesionales en sociología, infancia, atención primaria y salud mental para darle un «enfoque integral y transversal», destacó la comisionada de Salud Mental, Belén González.

El 18 de septiembre, el texto será presentado en el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental, en el que están representadas las regiones, donde se consensuará el documento final que será elevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

La primera de las metas será la de potenciar los sistemas de información respecto a la conducta suicida mediante un observatorio específico y la promoción de un registro con el que mejorar su vigilancia epidemiológica.

El plan pone el foco en situaciones de vulnerabilidad e identifica a los menores y a las personas mayores como poblaciones «sobre las que hay que incidir prioritariamente» porque las mayores tasas se registran a partir de los 80 años, con incrementos de hasta un 93,4 por ciento en mayores de 95.

«Nos preocupan especialmente las zonas rurales y aisladas. Por eso esta área aborda iniciativas para paliar situaciones como las de la soledad no deseada y promueve la generación de infraestructuras comunitarias», enfatizó González. Asimismo, incluye medidas específicas para el colectivo LGTBIQ+, pues las personas trans tienen una tasa hasta 3,5 veces más alta.