Sánchez podría ver cumplida su promesa de detener y encarcelar a Puigdemont, si el prófugo se empeña en regresar a su añorada isla de Ítaca, mientras los fiscales del procés se reafirman en que la malversación no es amnistiable. Pero no caerá esa breva. Riesgos, los justos. Antes de emprender el viaje de vuelta a su añorada república catalana, el prófugo más famoso de la historia reciente exigirá – y por escrito – total impunidad. 
De momento, ha conseguido colocar a un hombre de su absoluta confianza – Josep Rull - en la presidencia del Parlament. El siguiente paso lo ha dado ERC, con Marta Rovira, exigiendo al Gobierno central un nuevo modelo de financiación. Una financiación singular para Cataluña, que Illa ve con buenos ojos por la cuenta que le trae, y que avala sin ningún tipo de reparo el presidente del Gobierno. 
Sánchez y Montero, en su increíble cruzada para acabar con las desigualdades entre españoles, han llegado a la conclusión de que Cataluña es más singular que nadie y necesita un concierto económico parecido al de Euskadi. Un tratamiento especial, a cambio de los votos que necesita Illa para ser investido. 
Los nacionalistas – lo decía José María Barreda en una entrevista reciente – "son insaciables; su alimento es la reivindicación". Nada nuevo. Pero ya sólo faltaría que, encima, los gastos de la fiesta independentista – como advertía su compañero de partido y actual inquilino de Fuensalida, Emiliano García-Page – los termináramos pagando todos. Entre esos gastos suntuarios, se incluyen las embajadas de Cataluña repartidas por el mundo y las campañas de imagen y propaganda que pretenden mantener la llama encendida de su singularidad.
Aunque sea una obviedad recordarlo, las elecciones en España siempre las ganan los mismos: los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos. Mueven el árbol y recogen las nueces con el mayor descaro del mundo, mientras en el resto de comunidades autónomas esperamos el sobrante de esa recolección. 
El principio de igualdad en la España de las autonomías hace tiempo que dejó de existir, a pesar de los encomiables propósitos recogidos en los Fondos de Compensación Interterritorial. Basta escuchar al candidato del PSC a la investidura, Salvador Illa, reivindicando un nuevo modelo de financiación en Cataluña e insistiendo en que no es un privilegio, sino una cuestión de justicia, para comprender su falta de escrúpulos. 
Para darse cuenta de que antepone los intereses partidistas y las ambiciones personales a los intereses generales. La cuestión se resume en esta disyuntiva: o firmamos un pacto fiscal – como ya intentó Artur Mas durante la etapa de Rajoy – o rompemos la baraja y repetimos elecciones.
Las protestas y reclamaciones del resto de comunidades – tan singulares y respetables como la catalana – deberían hacer reflexionar al gobierno central. De alguna forma habrá que combatir y poner coto a ese nacionalismo exclusivista e insaciable que marca las reglas de juego e impide un reparto mucho más justo de la riqueza. O, como es el caso, de las deudas.
Por cierto, ¿sabemos algo del informe preceptivo que encargó Page al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para poder presentar un recurso contra la amnistía en el Tribunal Constitucional? 
Esperemos que no se demore demasiado o prescribirá antes de tiempo.