El Ayuntamiento de Ciudad Real corre el riesgo de que las subvenciones entregadas a los grupos municipales no se estén destinando al uso que deberían tener debido a la falta de control que se ha hecho de esas partidas por la intervención municipal entre los años 2020 y 2022. Así lo indica un informe del Tribunal de Cuentas en el que se pide además un mayor desarrollo normativo de estas subvenciones, para que haya un criterio objetivo por el que se entreguen esas partidas, recordando que no solo hay una subvención económica, sino también el pago de personal que se encuentra adscrito a estos partidos.
Estas recomendaciones y la advertencia se encuentran en el Informe de Fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de capitales de provincia en relación con las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales, ejercicio 2022, que ha publicado recientemente el Tribunal de Cuentas. Un largo documento que cuenta con un apartado específico del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde se indica que «el Pleno de la Corporación no ha solicitado la contabilidad específica de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales» para 2022, recordando que «tampoco se han sometido al control de la Intervención municipal las cuentas justificativas de los grupos correspondientes a los ejercicios 2020 a 2022».
«La ausencia de control, por parte del Pleno y de la Intervención, de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales supone un riesgo de que dichas asignaciones no se estén aplicando adecuadamente a la finalidad prevista por la normativa». Además, el Tribunal indica que ese riesgo es mayor «en el caso de grupos políticos que ya no forman parte de la nueva Corporación surgida tras las últimas elecciones locales», porque no se les exige «justificación de las dotaciones antes de desaparecer» del Consistorio. En este sentido, el texto indica que «uno de los dos grupos municipales que no repiten en la Corporación surgida tras las últimas elecciones locales, reintegró de forma voluntaria los fondos no dispuestos, mientras que otro grupo, que tampoco forma parte de la nueva Corporación, no había presentado justificación alguna».
Esta advertencia sobre el riesgo que supone la falta de control y la necesidad de mejorar los criterios de la subvención se encuentra también en la información relativa a otras 26 capitales, como son La Coruña, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Castellón, San Sebastián, Granada, Huelva, Jaén, Lérida, Logroño, Lugo, Orense, Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Vitoria, Zamora.
El Tribunal de Cuentas recuerda que el Ayuntamiento ha desarrollado una normativa para la regulación de las dotaciones a los grupos políticos de carácter mínimo, solo reproduciendo la ley de bases de régimen local. «Se echa en falta un mayor desarrollo normativo, que facilite el adecuado empleo, justificación y control de la dotación y en el que se detalle, al menos, el destino de los fondos, indicando los gastos admisibles y no admisibles». Como ejemplo, indica que no se detalla si se permiten las aportaciones a los respectivos partidos políticos y, en su caso, la forma de justificarlas. También se indica que debería obligarse a los grupos municipales a disponer de un NIF y una cuenta bancaria propia, diferente a las del partido político, aunque de facto, en 2022, cuatro de los cinco grupos municipales, tenían un NIF diferente al del partido. También indica que ese texto debería indicar cómo hacer una contabilidad específica o cómo justificar el empleo de la subvención. Por último, señala la necesidad de crear un apartado específico para la exigencia de los reintegros que procedan por falta o inadecuada justificación de los gastos o por los remanentes no gastados.
En este sentido, para el Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Ciudad Real «no utiliza criterios objetivos para la cuantificación de la asignación a los grupos municipales, ni tiene en cuenta los costes de funcionamiento de aquellos para el establecimiento de la dotación». Así indica que «el importe de las dotaciones a los grupos se corresponde con la asignación teórica aprobada, en la que el componente variable supone un 88% del total, frente al 12% del componente fijo». El Tribunal señala que, en total, durante el año 2022 se entregaron a los partidos políticos que forman la Corporación 51.000 euros y se proporcionó a los grupos municipales recursos personales de la Corporación, cuyo coste total asciende a 291.000 euros, correspondiente al pago de las nóminas de siete empleados eventuales, a los que se suman otros gastos materiales como es el material de oficina no inventariable, la informática y la telefonía. Se trata de despachos dentro del Consistorio.
Las cifras indican un gasto medio de 13.698,03 euros por cada uno de los 25 concejales del Pleno de Ciudad Real, lejos de la media española, que está en 35.408,98 euros. Las cifras se sitúan entre los 166.028,49 euros de gasto destinado a los grupos municipales de Madrid y los 0 euros de León. En la región, Albacete, con 60.127,24 euros por concejal, lidera la tabla, mientras Cuenca, con 7.998,19 euros, es la que menos recursos destina a sus grupos políticos.