Uno de cada cuatro usuarios del bono eléctrico en la provincia de Ciudad Real es nuevo y empezó a formar parte de este sistema de ayudas en este 2023. Así lo señalan los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que apuntan a que Ciudad Real fue la provincia donde más crecieron estas ayudas en un año donde las medidas de apoyo al pago de la electricidad a las familias ampliaron sus beneficios y dieron cabida a nuevos usuarios. La media de aumento regional es del 21 por ciento y en Ciudad Real ha subido en un 24 por ciento el número de beneficiarios. 

Las últimas cifras de esta propuesta implican que son ya 24.523 las familias que disfrutan de estas ayudas del Gobierno de España y que se financia por las compañías eléctricas, pero también por los usuarios que tienen en sus facturas un apartado específico en el que destinan aproximadamente 1,16 euros al mes a sufragar este sistema de apoyo social a quienes menos recursos tienen. A finales de 2022, el dato era de 19.899, según las cifras que el propio Ministerio dio a este diario, lo que demuestra el crecimiento de estas peticiones, gracias, por ejemplo, a la ampliación de las ayudas a los denominados trabajadores con bajos ingresos. 

El bono social eléctrico, como ha ocurrido con las ayudas para viajar en tren o los descuentos del autobús, forman parte del paquete de medidas del Gobierno de España que se han mantenido para este 2024 con el objetivo de paliar la subida del IPC a las familias. En concreto, desde finales de 2022 y, al menos, hasta junio de 2024, hay una ayuda extraordinaria, que incluye un descuento del 40% en la factura de la luz a esos trabajadores, y un porcentaje extraordinario para los llamados consumidores vulnerables y vulnerables severos.

En concreto, de las 24.523 personas que reciben la ayuda, la mayoría, 18.537, tienen concedido este derecho gracias al criterio de renta y que implica que la unidad familiar gane menos de 1,5 veces el Iprem. A ellos les siguen las familias numerosas, 4.068. Además, hay 1.536 pensionistas que cobran el mínimo y que tienen esta ayuda extra para pagar la factura de la luz. También hay 451 que lo han pedido por la crisis energética, la medida extraordinaria dirigida a quienes cobran más de 1,5 veces el Iprem y menos de dos veces. Por último, solo hay 111 beneficiarios del ingreso mínimo vital que han solicitado también el bono social eléctrico. 

Vulnerables. Los consumidores vulnerables suponen 11.131 en la provincia de Ciudad Real, que hasta junio de este año, en vez de tener un descuento del 40%, lo tienen del 65 por ciento. Además, hay 12.941 personas que son consumidores vulnerables severos, que tienen un descuento del 80%, en vez del 50 por ciento, en la factura de la luz gracias al descuento aplicado por el bono eléctrico.

A las ayudas para pagar la factura de la luz se suma el abono de una cuantía económica fija para paliar el frío, el pago del gas o el butano, por ejemplo, que se incluye como bono social térmico. Esta ayuda supone el pago de 67,56 euros a los que se incluyen con consumidores vulnerables, 108,10 euros, a los vulnerables, severos y en riesgo de exclusión social. Las 451 personas que se han acogido al bono de justicia energética no tienen derecho a este bono social. 

El hecho de contar con el bono social para el pago de la luz o el gas incluye otra serie de ventajas a las familias, como tener facturas eléctricas más claras, sin la letra pequeña, y en las que no puede haber otros servicios añadidos. Se paga solo por la electricidad consumida. 

Además, cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores, que implica cuatro meses extraordinarios desde la primera notificación de impago, a los que siguen seis meses del denominado Suministro Vital, tras el cual se podrá cortar el suministro. El plazo general de 2 meses desde la primera notificación de impago que resulta de aplicación para el resto de consumidores. Además, ser beneficiario del bono social implica que no se puede cortar el suministro si hay un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que hay una persona con discapacidad igual o superior al 33%.