La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige la regulación del teletrabajo para los 360 trabajadores acogidos a esta modalidad, aproximadamente, en la provincia de Ciudad Real, lo que supone el 60% de los 600 trabajadores que componen la actual plantilla, así como el respeto, por parte de la Administración de Justicia, del derecho a la negociación colectiva.
El pasado 23 de octubre, la Secretaría de Estado de Justicia emitió una circular por la que se informaba del cese, con efectos desde el mes de julio, de las medidas procesales y organizativas acordadas en la Administración de Justicia para hacer frente al Covid-19, entre las que se encontraba el derecho al teletrabajo por parte de los trabajadores destinados en las oficinas judiciales.
Hasta la fecha, el ejercicio del teletrabajo se ha mantenido, a juicio del responsable provincial de CSIF en el sector de Justicia, Alfonso Sánchez, "en precario", sin que el Ministerio manifestara intención alguna de regularlo, a pesar de ser una de las demandas principales de los trabajadores de la Administración de Justicia, ya que su regulación conjugaría perfectamente con la idea de una Justicia del siglo XXI, moderna y digitalizada, así como con el ejercicio de derechos tan importantes como el de la conciliación familiar.
Para Sánchez, "la supresión del teletrabajo ha causado sorpresa y estupor entre los trabajadores". Una decisión a la que CSIF se opone tanto en la forma como en el fondo. "Consideramos que su debida regulación conllevaría una ineludible mejora en la calidad del servicio público a desempeñar y la posibilidad, por parte de los trabajadores, del ejercicio de los derechos recogidos en el TREBEP y demás normativa aplicable", apunta el responsable provincial de CSIF.
Por todo ello, CSIF exige la convocatoria de la Mesa de Negociación por parte del Ministerio de Justicia, así como la regulación del teletrabajo como modalidad de trabajo ya contemplada en el art. 47 TREBEP, el establecimiento de la Carrera Profesional, el incremento retributivo acorde a la subida salarial acordada por el Gobierno para Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia, además de la negociación de aspectos fundamentales recogidos en el Proyecto de Ley orgánica de Eficiencia Organizativa, como es la determinación y concreción de las funciones a desarrollar por parte de los Gestores, Tramitadores y Auxilios, que conforman los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia.
El sindicato recuerda al Gobierno que el conflicto en Justicia no ha terminado e insta al Ministerio de Justicia a que retome cuanto antes las negociaciones y escuche, de una vez, a sus trabajadores.