Casi la mitad de las diligencias de investigación incoadas por las fiscalías provinciales de Castilla-La Mancha en 2023 tuvieron por objeto delitos contra la flora y la fauna, un 71% del total si se añaden las infracciones contra el medio ambiente. La memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma alerta del empleo de lazos, trampas e incluso cebos envenenados que pueden llegar a afectar a especies protegidas, aunque los casos más frecuentes son los de furtivismo.

En concreto, la Fiscalía de Ciudad Real formuló nueve escritos de acusación por este delito, previsto en el artículo 335.2 del Código Penal, mientras que los Juzgados de lo Penal de la provincia dictaron una docena de sentencias condenatorias respecto a otros tantos autores de estas infracciones. En la memoria regional, la fiscal delegada recuerda que, sin embargo, «la mayor parte de los procedimientos incoados son sobreseídos por falta de autor conocido».

En cuanto a los delitos contra el medio ambiente, igual que en las memorias precedentes, la Fiscalía subraya que uno de los principales problemas relacionados con los recursos naturales que padece la comunidad autónomas es el referido a «la captación ilegal de aguas mediante los numerosos pozos clandestinos que, particularmente en la provincia de Ciudad Real, dan riego a distintos cultivos, así como por medio de pozos autorizados que son explotados muy por encima del volumen del consumo permitido, con la consiguiente disminución del nivel freático del Acuífero 23».

Patrimonio histórico. Por otro lado, en relación con los delitos contra el patrimonio histórico, la delegada de Ciudad Real hace alusión, de nuevo, a las prospecciones no autorizadas en yacimientos por parte de particulares, «una práctica bastante extendida en la provincia». Comenta, al respecto, que según la información de que dispone el Seprona, no sólo es desarrollada por vecinos de la zona, sino que, con frecuencia, está protagonizada por personas residentes en comunidades limítrofes.

«De manera organizada, acuden a los yacimientos arqueológicos provistos de aparatos detectores de metales y de otros útiles con la finalidad de incautarse de cuantas piezas históricas de su interés encuentren», relata. En este punto, advierte de que se ven favorecidos por «el fácil acceso a los yacimientos y las escasas medidas de vigilancia de que generalmente disponen».