La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dispondrá para 2024 de 1.386 millones, el 12,8% del presupuesto no financiero de la Junta de Comunidades, sin incluir la deuda. Así arrancó Julián Martínez Lizán su intervención en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, poniendo el valor el peso de su Consejería dentro del organigrama del Gobierno, siendo la tercera con mayor peso presupuestario, por detrás de Educación y Sanidad.

El sector agrario en la región supone ya el 18% del PIB, detalló Martínez Lizán, que celebró que en apenas ocho años se haya incrementando en seis puntos. 

El consejero destacó que en el ejercicio financiero Feaga/Feader (16 octubre-15 octubre) se hapagado al sector agrario 1.109 millones de euros, a los que hay que sumar otros 7,4 millones de ayudas a la suscripción de seguros agrarios y otros 19,2 millones más pagados en materia de sanidad animal para atender las necesidades del sector, sobre todo, «por las causas sobrevenidas que este sector ha tenido y que han supuesto un varapalo importante».

El detalle de que la Consejería, a la hora de abonar las ayudas y subvenciones, no trabaja con años naturales como el resto de departamentos del Gobierno, sino en la mayoría de los casos de octubre a octubre, fue la explicación que Martínez Lizán dio a la oposición para justificar la baja ejecución de algunas de las partidas presupuestarias. Los portavoces del PP y de Vox, Lola Merino y Davir Moreno, respectivamente, acusaron al consejero de ejecutar solo el 30% del presupuesto vigente, el de 2023, dejándose en el cajón unos 800 millones de euros.

«Hay partidas con baja ejecución, no se lo voy a ocultar», respondió Martínez Lizán, pero hay solicitudes que tienen un largo plazo de ejecución y hasta que el solicitante no ejecuta sus compromisos no se pueden hacer los pagos», explicó.

En relación a la PAC, dejó claro que con la nueva política europea Castilla-La Mancha «sale ganando», pues «es fruto de una buena negociación», dijo. «Es una realidad que han reconocido incluso otras comunidades autónomas, lo que pone de manifiesto que Castilla-La Mancha ha sido beneficiada con una aportación adicional a la que venía recibiendo», explicó.

Por último, recordó que la última convocatoria de reestructuración de viñedo se ha resuleto por 63,2 millones, casi «el doble» de la cantidad del anterior periodo. Este montante estará destinado a operaciones, en los años 2024 y 2025, en más de 7.000 hectáreas y beneficiarán a más de 2.100 viticultores.

Satisfecho de la gestión del anterior consejero. Martínez Lizán tuvo que escuchar por boca de los portavoces de la oposición que abandonase «la senda» fijada por su antecesor en el cargo, Francisco Martínez Arroyo, pues de no hacerlo a Castilla-La Mancha «le va a ir muy mal». «Lo mejor que puede hacer es darle un giro a la gestión de su Consejería, no continúe por la senda de su antecesor», dijo Moreno, un mensaje que repitió Merino.

El consejero no dudó en responder, defendiendo la gestión llevada a cabo durante ocho años por Martínez Arroyo. «No creo que sea justo hablar así de la anterior gestión de la Consejería porque creo que se hizo un gran trabajo», sostuvo Martínez Lizán.