El recibo del agua en La Solana será actualizado el año que viene con una subida del 7,8%. Es el resultado de unir el 2,6% del IPC al 5,2% que el año pasado no se aplicó por decisión plenaria. Así lo decidió este viernes la Corporación municipal en una sesión extraordinaria que tenía como único punto en el orden del día la revisión de la ordenanza número 12, que precisamente regula la prestación de este servicio. El equipo de gobierno del Partido Popular se valió de su mayoría absoluta para sacar adelante la propuesta, aunque sin el rechazo expreso del grupo socialista, que optó por abstenerse.

No faltó debate durante esta sesión matutina, con momentos de mucha carga política. Abrió el portavoz del PSOE, Eulalio Díaz-Cano, que comenzó criticando la fecha elegida, coincidiendo con el sorteo de la lotería de Navidad: "Es un torpe intento de ocultar esta subida, una ocurrencia que demuestra poca transparencia", dijo. Recordó los cambios en el sentido del voto del PP y de Ciudadanos en los últimos años, y se preguntó si pretendían sacar ventaja política votando entonces contra el cumplimiento del contrato, que contempla subidas –o bajadas- de acuerdo con el IPC. "Ahora no han tenido problema en cambiar de opinión y eso también es una forma de engaño a los vecinos", manifestó.

Ramón Gallego, portavoz del equipo de gobierno, se remontó al contrato con la concesionaria, firmado en 2004 y con vigor para 35 años, y que ha sido ahora cuando se ha publicado en el portal de transparencia. Explicó que el año pasado debía haberse subido la tarifa el 10,5 por ciento porque el anterior (2022) solo se subió el 5,3 y el Ayuntamiento asumió el 5,2 restante, que se acumuló para el siguiente ejercicio. Cifró en 100.000 euros el dinero que la concesionaria no abonó y que tuvieron que pagar los solaneros. Ahora –añadió- el Ayuntamiento ingresará 103.112 euros "para mejorar redes de abastecimiento". Aludió a un informe recién presentado por Aqualia y añadió que "para garantizar el equilibrio presupuestario es necesaria esta subida".

En la contrarréplica, Eulalio Díaz-Cano acusó de falta de coherencia al equipo de gobierno y negó que el PSOE pusiera en peligro la estabilidad presupuestaria. "Los vecinos pagaron solo un 5 por ciento más y mantuvimos los servicios", subrayó. En cuanto al dinero que el Ayuntamiento dejó de ingresar, habló de "otra opción": "Ustedes han subido 83.000 euros en festejos que podrían poner ahí para no repercutirlo en el bolsillo de los solaneros". "Cada vez tienen menos credibilidad", concluyó.

Por alusiones, el concejal Antonio Valiente defendió el sentido del voto del PP cuando éste era portavoz. "Buscamos siempre no perjudicar a los vecinos contra un contrato leonino; ahora nos viene la herencia del PSOE". La intervención de Valiente molestó a Díaz-Cano porque no lo consideraba una alusión personal.

Cerró el debate la alcaldesa, Luisa Márquez, muy dura contra la falta de control del Ayuntamiento hacia Aqualia. "No solo es cumplir, sino también controlar y no había ningún vigilante de ese contrato", remarcó. Anunció que ya se ha nombrado un responsable técnico y una empresa auditora comprobará el contrato. La regidora afeó que la concesionaria no haya presentado un plan director desde 2007, cuando es obligatorio con periodicidad quinquenal, y reveló un informe que habla de 108 kilómetros de tubería con 20 años de vida y de 22 kilómetros de fibrocemento, ya prohibido. También se quejó de la ausencia de informes por trabajos de desratización o averías, ni verificaciones de que las piezas las tenía que pagar o no el Ayuntamiento. "Mientras asumían el IPC se olvidaban de pedir el control del servicio". Avanzó un estudio y la petición de un dictamen jurídico del contrato "para ir una prestación patrimonial no tributaria". "Ahora, los mejores vigilantes serán los vecinos", sentenció.

Márquez también contraatacó a Díaz-Cano en su crítica a la celebración de este pleno el día de la lotería, en vísperas de Navidad, y lo hizo recordando que su antecesor también convocó un pleno el 22 de diciembre del año pasado, concretamente para aprobar los presupuestos.

La sesión acabó con los ediles socialistas guardando –motu proprio- un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista.