J. L. G. L. G., agente de la Guardia Civil desde 1987 y destinado en Almadén desde 1998, se enfrenta a la petición de una pena de 15 años y medio de prisión que solicita la Fiscalía de Ciudad Real por delitos de cohecho, falsedad en documento oficial y descubrimiento y revelación de secretos por su implicación en la operación Cinabrio, que se empezará a juzgar este viernes en la Audiencia, con un jurado popular, y que sienta en el banquillo de los acusados a cinco personas más para las que también se piden penas que van desde los cuatro años y medio a los dos años de cárcel.
Los hechos destapados en 2021 supusieron un terremoto en Almadén. Hubo 17 detenidos, entre ellos cinco agentes destinados en puestos de Seguridad Ciudadana de Almadén y su comarca, así como uno en el Destacamento de Tráfico de Puertollano. Finalmente, solo uno de los agentes se sentará este viernes en el banquillo de los acusados. La clave de la operación fueron los pinchazos telefónicos: casi una veintena de intervenciones que realizó la propia Guardia Civil en la investigación interna y que aparecen ahora en el escrito provisional de acusación. Según relata el Ministerio Fiscal, el agente, suspendido de empleo desde 2021, se dedicaba a facilitar favores a conocidos y a algún familiar a cambio de regalos.
Así, presuntamente, desde el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO) pasó información para la venta de un vehículo a su cuñado, también imputado, y que le invitó a una montería; facilitó información a un dueño de un bar sobre los antecedentes de una persona que quería contratar a cambio de un jamón; y redactó un escrito de alegaciones en favor del hijo de otro acusado contra un expediente sancionador y que junto a la documental anexa «provocó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones», a cambio, esta vez, de «un buen guarrillo», según recoge el escrito de acusación. Además, intermedió para quitar la denuncia a un empleado de otro de los imputados por conducción temeraria de un quad a cambio de que le instalasen, gratis, una pantalla en su coche, como la que le habían colocado a él, al agente que le había denunciado; y llegó a redactar una declaración jurada firmada para otro acusado a cuenta de una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento sabiendo de su «contenido falsario», según la acusación. Todo quedó recogido en las llamadas en las que el agente se muestra confiada con sus interlocutores a los que les comenta «que ya dejé solucionado eso», «no digas nada de que yo estoy haciendo nada», o un «hoy por ti, mañana por mí».
Piden 15 años y medio de cárcel para un guardia civil - Foto: TFEn total, la Fiscalía solicita penas para todos los implicados que suman 39 años y medio de cárcel por la comisión de ocho delitos de cohecho, dos más de inducción al delito de revelación de secretos, otros dos de descubrimiento y revelación de secretos y dos de falsedad documental.