El Plan de Empleo regional volvió a debatirse ayer en el Pleno de la Diputación a través de una modificación de crédito de 3,3 millones de euros para «dotar de saldo el plan». Es el paso previo para poder llevar a cabo la firma entre la Institución provincial y la Junta de Comunidades para la contratación de personas desempleadas en la provincia. Una cifra que aporta la Diputación y que se sumará a los otros 3,2 que lo hará el año que viene y que estará contemplados en los presupuesto de 2025. En total, casi siete millones de euros para un plan en el que Gobierno provincial (PP+Vox) pide al Ejecutivo autonómico que financie el cien por cien de los costes laborales, y que hasta ahora asumía la Institución provincial. Su portavoz, Rocío Zarco, defendió esta petición asegurando que es de «justicia que el Gobierno de Page afronte estos gastos de un plan en el que la Junta no aporta nada de fondos propios, ya que la financiación procede de los fondos europeos». La modificación salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de Vox y el Partido Socialista. 

Fue uno de los puntos del orden del día que centró la mayor parte de la controversia entre la bancada popular y la socialista, y donde volvió a salir la disputa entre ambos partidos por el copago. El portavoz del PSOE en la Diputación, José Manuel Bolaños, se mostró sorprendido de que se solicite que la  Junta pague la cuantía laboral y se referió a la conveniencia de seguir apoyando el actual sistema de colaboración sin variaciones. 

Por su parte, Zarco recordó que éste no es el único copago de la Junta, pues existen, dijo, otros muchos en áreas como Servicios Sociales a través de programas como el de ayuda a domicilio. «Usted ha manifestado en numerosas ocasiones que está en contra del copago, y ahora tiene la oportunidad de demostrar con hechos que está al lado de los intereses de la provincia y no de los de García-Page», sentenció al tiempo que enfatizó que «es necesario evitar este copago aunque se tenga que disminuir el número de contrataciones», ya que de ser así, continuó, la Diputación cubriría esa falta de empleos con un plan de empleo propio. 

Luz verde a 3,3 millones para el plan de empleo regional - Foto: Rueda VillaverdeLa diputada provincial por Vox, María Jesús Pelayo, defendió la abstención de su partido señalando que es «necesario acordar los criterios más accesibles para la contratación de mayor número de empleados». 

Por último tomó la palabra el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, quien manifestó que el plan plantea varios problemas. Uno, que los ayuntamientos no pueden confinanciar los costes sociales y otro, la absoluta falta de autonomía para diseñar las bases que permitan la contratación de las personas adecuadas. Dos cuestiones que se las trasladó personalmente al jefe del Ejecutivo autonómico para llegar a un acuerdo  que a día de hoy,  lamentó, no ha sido posible. 

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