La Junta pide al Estado que le condone 5.300 millones de deuda

L.G.E.
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Es más del doble de lo que le correspondería de una quita del 20% como la que se hará a Cataluña, pero el Gobierno regional argumenta que Cataluña no es una región infrafinanciada y Castilla-La Mancha sí

La Junta pide al Estado que le condone 5.300 millones de deuda - Foto: Ismael Herrero (EFE)

Castilla-La Mancha no se conformará con que le condonen el mismo porcentaje de deuda que a Cataluña. Lo ha dejado claro el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. Calcula que ese 20 por ciento de quita a Cataluña de la deuda que tiene con el Estado se traduciría en 2.200 millones en el caso de Castilla-La Mancha, pero el Gobierno regional va a pedir más del doble y no se contentará con una cifra por debajo de los 5.300 millones. 

El consejero de Hacienda señaló que lo que recoge el acuerdo del PSOE con ERC significa que "se va a aplicar una condonación de deuda a una comunidad autónoma que para nada está infrafinanciada, todo lo contrario si lo comparamos con Castilla-La Mancha". 

Ruiz Molina explica que la Junta siempre ha pedido la condonación de la deuda para las regiones infrafinanciadas, pero reclamando a la vez que vaya parejo a un nuevo modelo de financiación autonómica. Además cree que el porcentaje de quita que se haga "no lo debería decir cualquiera, sino una autoridad independiente como la AIReF". 

En caso de que dicho porcentaje se quede en el 20 por ciento, Ruiz Molina advirtió de que reclamarían una "cuantía que nos permita igualar la financiación por habitante a la que va a resultar de aplicar esta condonación a Cataluña". De ahí que suba sus exigencias de los 2.200 millones que sería el 20 por ciento de la deuda que tiene Castilla-La Mancha con el Estado a más de 5.300 millones. 

"Apostamos a que no se aplique de manera simétrica a todas las comunidades", reivindicó. Además mostró su disconformidad con que el acuerdo de condonación se haya negociado de "manera bilateral" con los partidos catalanes, en lugar de hacerlo con los representantes de todos los gobiernos autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.