Los diputados del Partido Popular, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han participado en los trabajos parlamentarios que han culminado esta semana en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, con la aprobación de dos iniciativas sobre la homologación de títulos universitarios extranjeros y la compatibilidad de los sexenios de investigación y transferencia para determinadas situaciones administrativas de las personas docentes e investigadoras.

Explican que en lo que respecta a títulos universitarios,  que actualmente hay casi cien mil solicitudes pendientes de evaluar de títulos extranjeros, para hacer su equivalencia en España, "lo que demuestra cierta incompetencia del ministerio al respecto", opinan.

Recuerdan que, en marzo de este año, el Partido Popular, PSOE y Vox ya presentaron tres proposiciones no de ley para agilizar estos trámites, y lamentan que meses después el Ejecutivo de Sánchez "está paralizado en el asunto".

"Se está formando un tapón significativo en el ámbito de la administración estatal competente en la materia, pues en octubre del año 2022, en el sector sanitario, que es donde está el sesenta por ciento del atasco en la tramitación de estas homologaciones, sólo estaba resuelto el dieciséis por ciento de expedientes", han denunciado.

Recalcan que la duración de media en España hasta que se consigue la homologación es de más de dos años, y añaden que, "a estos aspectos típicos de la gestión gubernamental del último lustro", hay que sumar una sospecha suscitada en sede parlamentaria, como es la concurrencia de motivos de índole política (o eso al menos denuncian los afectados), sobre retrasos que afectan especialmente a aquellos ciudadanos que han obtenido sus títulos en Cuba o Venezuela.

El Grupo Parlamentario Popular, por ello, según han informado, también se ha interesado por la hipotética presión de las embajadas y/o los gobiernos de estos países para que los títulos de sus nacionales no se homologuen en España.

"Por lo que se refiere al panorama general de investigación, estamos ante un nuevo desincentivo para las personas jóvenes, que termina afectando al resto de la sociedad", afirman, y señalan que España sigue estando a la cola en el contexto de naciones avanzadas en las que no se atiende suficientemente las carreras de investigadores, ni para el personal docente universitario, no ayudando en esto tampoco el perfil político y profesional de la titular de esta cartera, Diana Morant, "que carece de experiencia en el ecosistema de la Ciencia, Innovación y Universidades".

Sobre los sexenios, aseguran que el Gobierno incumple con sus compromisos, una vez más. De este modo, recuerdan que en septiembre de este año, el Ministerio afectado presentó el proyecto de Real Decreto que desarrolla el Sexenio de Transferencia, sin embargo, dicho proyecto no subsana, a su juicio, importantes carencias ni atiende reivindicaciones sostenidas desde mucho tiempo por el profesorado, que podría optar por ser evaluado cada periodo de seis años por su actividad investigadora o de transferencia de conocimiento, pero no por ambas de manera simultánea. "Obligar al profesorado a elegir entre la evaluación de sus méritos en investigación y los de transferencia es un desincentivo al fomento de actividades que impulsen la ciencia, la investigación y el conocimiento a los sistemas productivos de nuestro país", sostienen. 

Para concluir, han informado que el Grupo Parlamentario Popular del Congreso ha terminado exigiendo la publicación inmediata de la convocatoria de sexenios de transferencia de conocimiento, "que se retrasa injustificadamente varios ejercicios".