La actividad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) es un buen termómetro para medir la salud del tejido empresarial de un territorio. Los datos de 2024, publicados recientemente, no dejan muy bien parada a la provincia de Ciudad Real, que experimentó un incremento considerable de los expedientes tramitados y de las empresas y trabajadores afectados. Los pagos se elevaron hasta los 3,86 millones de euros, más del doble que el año anterior, la cifra más alta desde 2021.
El Fondo de Garantía Salarial es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social encargado de garantizar que los trabajadores reciban los salarios o las indemnizaciones por despido o extinción de contrato que están pendientes de pago por insolvencia o procedimiento concursal de la empresa. En la provincia de Ciudad Real, el Fogasa tramitó 501 expedientes, casi el doble que en 2023. Afectaron a 149 empresas y 503 trabajadores, lo que representa un incremento del 43,2% y del 87,6%, respectivamente, en relación con el ejercicio anterior. La mayoría, casi dos tercios del total, eran hombres (323).
El organismo público desembolsó a lo largo de 2024 más de 3,8 millones de euros en Ciudad Real, dos más que el año anterior (1,79 millones). La cifra más elevada del último lustro la encontramos al cierre de 2021, con 4,52 millones. Del total, el 65,8%, 2,4 millones de euros, correspondió a indemnizaciones, mientras que el resto, 1,4 millones, atendió los salarios impagados. El tiempo de resolución de expedientes es el único dato positivo que deja 2024: Ciudad Real, con 14 días, es la cuarta provincia de España con mejor media en la tramitación, sólo superada por La Rioja, Castellón y Lugo.
Un sistema «solidario». José Manuel Muñoz, secretario provincial de Comisiones Obreras, achaca este incremento a «una mala gestión de las empresas», y descarta otros extremos, como la subida del salario mínimos. Explica que muchos de los casos tutelados por su sindicato están relacionados con «grandes empresas», siendo el campo uno de los sectores más afectados. El dirigente de CCOO subraya que el Fogasa forma parte de «un modelo solidario que funciona», al igual que la Seguridad Social y el sistema de pensiones, y hace hincapié en que «es bueno tanto para los trabajadores como para los empresarios».
Su homóloga de UGT, Alfonsi Álvarez, afirma que las cifras de 2024 «impactan». A su juicio es necesario abrir un debate sobre los requisitos que deben cumplir las empresas para optar a las subvenciones públicas: «Algunas se instalan en la región para recibir las ayudas, tienen a los trabajadores en condiciones paupérrimas y acaban cerrando». Pone como ejemplo una firma de energía verde instalada en Puertollano que «recibió cinco millones de la Junta y después de dos años y medio, con retraso en el pago a los trabajadores, no se ha puesto todavía en funcionamiento».