El Gobierno prepara nuevas medidas para abordar el problema de la vivienda, un asunto que ya supone la tercera mayor preocupación de los españoles, especialmente de los jóvenes. Por ello, la ministra de esta cartera y de Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que es necesario blindar el parque público de vivienda «a perpetuidad» para que no puedan venderse a precio libre. Estos pisos están contemplados para que ninguna unidad de convivencia se encuentre sin hogar en situaciones de emergencia social.
En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, la titular socialista aseguró que las comunidades tienen «mucho que decir» y espera que haya un acuerdo unánime con ellas, aunque indicó que la Ley de Vivienda da «otros instrumentos» al Ejecutivo que permite hacer viable esta propuesta.
Rodríguez rindió cuentas de las políticas desarrolladas por su departamento en el último año a petición de ERC, Bildu y BNG -socios habituales del Gobierno- y con el respaldo de PP y Sumar, entre otros grupos. Durante su intervención, aseguró que en el PSOE son «conscientes» de a quiénes representan y pidió evitar poner «palos en las ruedas» para desarrollar las políticas sobre este tema que está poniendo en marcha.
«El problema de la vivienda lo tuvieron nuestros abuelos, lo tuvieron nuestros padres, lo ha tenido nuestra generación. La diferencia es que hoy este Gabinete se ha propuesto acabar con él para siempre de forma estructural», reivindicó la ministra.
Por ello, defendió la regulación como herramienta para conseguir que los errores en esta materia no se vuelvan a repetir, abogando por blindar el parque de vivienda y el suelo público para que los esfuerzos de todos sirvan «al interés general».
Aunque no ofreció más detalles, recientemente el PSOE registró una iniciativa en el Congreso con la que solicitaba, precisamente, desarrollar una norma con rango de ley que garantizara la calificación permanente de las viviendas protegidas, impidiendo que las regiones puedan revocarla. Una medida que se incluyó en la Ley de Vivienda de 2023, pero que el Tribunal Constitucional tumbó por suponer una invasión de competencias.
"Escuchar a la calle"
Por su parte, los promotores de esta comparecencia coincidieron en situar a la ministra del lado de los «rentistas» y le exigieron que «escuche a la calle» y a las manifestaciones masivas que están reclamando intervenir el mercado y bajar el precio del alquiler.
Sumar fue un paso más allá al no convencerle las explicaciones que dio Rodríguez sobre el asunto, amagando incluso con pedir su dimisión. «Si no está del lado correcto, durará lo que un piso de 600 euros en Idealista», le advirtió su diputado, Alberto Ibáñez.