El Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado para el mes de octubre un trasvase del Tajo al Segura de 13 hectómetros cúbicos, de los que 7,5 se destinarían a abastecimientos urbanos y 5,5 a regadío. De esta forma rebaja algo las pretensiones de la Comisión de Explotación del Acueducto, que en su reunión del martes pidieron el máximo que permite la ley, que son 20 hectómetros cúbicos cuando los pantanos de cabecera están en situación hidrológica excepcional.
El caso es que esos 13 hectómetros cúbicos no se van a poder mandar ya, sino que se van a acumular y quedarán pendientes para envíos posteriores. Y es que se siguen realizando obras en el embalse de La Bujeda con objeto de proceder a la reparación de las fugas detectadas en el embalse el pasado mes de abril, tras la aparición de filtraciones aguas debajo de su dique principal. Eso hace imposible realizar envíos de agua hacia el acueducto Tajo-Segura por el momento.
En la Comisión de Explotación también se constantó que a 1 de octubre, existe un volumen de agua trasvasada disponible en la cuenca del Segura para abastecimientos y regadíos de 104,4 hectómetros cúbicos. El comunicado que ha remitido hoy el Ministerio para Transición Ecológica destaca que es un valor apreciablemente superior a la media histórica de estas reservas en esta cuenca.
El Gobierno regional avisa con los tribunales
La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, denunció que la Comisión de Explotación hiciera un «planteamiento fuera de sentido común» al exigir para el mes de octubre un trasvase que suponía ir al máximo de lo permitido con los embalses en situación hidrológica excepcional, aunque al final el Ministerio lo ha rebajado.
«El Gobierno regional no se niega a que haya un trasvase para abastecimiento humano si este fuera necesario», expuso, «nos mostramos en contra del trasvase para regadío». Fernández no descartó que este nuevo trasvase acabe en los tribunales, al igual que otros anteriores que la Junta ya ha recurrido. «El Gobierno va a estar vigilante», avisó, «si vemos que se lesionan nuestros derechos legítimos, recurriremos a los tribunales».