Los agricultores españoles no sólo no suponen una competencia desleal para los franceses, sino que además tienen que lidiar con una de las reglamentaciones más exigentes de los estados miembros de la Unión Europea en materia de garantías alimentarias. Así contesta Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha a las graves acusaciones lanzadas desde el Gobierno galo, desde donde se ha apuntado al sector español -y al italiano- por utilizar productos fitosanitarios que en Francia están prohibidos, logrando así una mayor productividad a costa de atentar contra el medioambiente. 

«Las acusaciones desde Francia nos han sorprendido, porque no son ciertas. Lo que pretenden es desviar la atención y acusar al país vecino ante las protestas de sus agricultores», afirma tajante Juan Miguel del Real, director general de una entidad que agrupa a más de 450 cooperativas de la región, más de un centenar enclavadas en la provincia de Ciudad Real.

«Gran parte de la normativa sobre seguridad alimentaria, trazabilidad, uso de productos fitosanitarios y fertilizantes es Europea, común para todos los estados miembros», recuerda Del Real, que añade que dentro del margen  que la Unión Europea pueda dejar a sus miembros, «España no es de los países que menos exija a la hora de producir alimentos, sino todo lo contrario, yendo al máximo en garantía alimentaria».

Por ello, desde Cooperativas Agroalimentarias se asegura que este argumento carece de valor y en absoluto justifica los «actos vandálicos» de los que están siendo víctima los transportistas españoles, ante la «inaceptable tolerancia de las autoridades francesas».

Juan Miguel del Real cree que, ante este tipo de ataques y acusaciones desde el país vecino, debería ser el Gobierno de España el que proteja los intereses del sector español «de manera contundente», ante la «impunidad» con la que están actuando los agricultores galos.