«Se piensa en los autónomos como si fueran del Ibex 35 y son un pintor, un repartidor o un cristalero, por ejemplo». Con esta frase resume el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha (ATA), Miguel Ángel Rivero, el sentir del colectivo de cara a la implantación próximamente de la factura electrónica, una medida que que debía ser obligatoria a partir de 2025, pero de la que nada se sabe aún, lo que añade desconcierto al colectivo, que viene impartiendo cursos para formar sobre su manejo. 

Para Rivero, esta nueva medida «es un palo en la rueda», uno más, dijo, para un sector que tendrá que hacer frente a «más gastos» de cara a la puesta en marcha de esta nueva exigencia que pretende que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (pymes) remitan sus facturas al Ministerio de Hacienda en tiempo real. «Para los autónomos es un quebradero de cabeza mientras que para las pymes puede ser más llevadero», comentó Rivero. 

El representante de este colectivo de trabajadores explicó que no todos los autónomos cuentan con «ordenadores, programas y sofware» que permitan poner en marcha la factura electrónica, cuyo reglamento se está ultimando por parte del Ministerio de Economía. Rivero explicó que el proceso conllevará que el Estado conozca en tiempo real de la emisión de estas facturas, pero avanzó que habrá problemas «cuando haya que rehacerlas o cuando no se paguen». «No es tan sencillo», incidió.

«Son medidas que se piensan desde los sillones», lamentó el presidente regional de ATA, que puso de relieve que el sector también tendrá que actualizar el control horario de sus empleados, ya que tampoco valdrá el de papel. 

Con la factura electrónica se pretende reducir la morosidad y el fraude fiscal y agilizar los pagos de las operaciones comerciales, al tiempo que se apuesta por la digitalización del tejido productivo. 

La medida, que se anunció en su día por parte del Gobierno, afectará en la provincia a los más de 35.000 autónomos que hay en la provincia, según los datos del pasado mes de noviembre, así como a otras tantas miles de pequeñas y medianas empresas. Una vez que el Ministerio de Economía apruebe el reglamento se marcarán las fechas de cumplimiento y las posibles moratorias, en principio, en razón de la facturación.