Las economías municipales ciudadrealeñas quedan sujetas de nuevo, a partir de este año, al control del gasto y el déficit impuesto por las reglas fiscales aprobadas por el Gobierno de España, siguiendo la recomendación de Bruselas. Su reactivación, después de cuatro años en suspenso por el impacto de la pandemia y la guerra de Ucrania, afecta a todos los ayuntamientos, pero especialmente a aquellos que están ejecutando proyectos con fondos europeos. El descuadre entre los ingresos y gastos por el retraso de algunas de estas actuaciones dificultará el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Los planes económico-financieros sobrevuelan ya en el horizonte.
Es el caso, por ejemplo, de la capital. «En febrero de 2024 se incorporaron más de siete millones correspondientes a remanentes de crédito de proyectos financiados con subvenciones de actuaciones que no finalizó el anterior equipo de Gobierno y que se deberán concluir este ejercicio», explica a La Tribuna el concejal de Hacienda, Guillermo Arroyo, que añade que «el déficit que supondrá este gasto, cuyo ingreso se produjo en el ejercicio anterior, será una de las líneas a incluir en el plan económico-financiero que deberemos aprobar el próximo año». Entre estos proyectos se encuentran las obras de peatonalización sostenible del centro, que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para su finalización y justificación ante Europa: «Tenemos la intención de acabarlas en la fecha prevista».
Arroyo sostiene que el presupuesto de 2024 apuesta por «el crecimiento y la inversión sostenible». Tal es así que «puede superar el límite establecido por el Gobierno, que nos impide crecer por encima del 26%». Con este escenario, el equipo de Gobierno de coalición de PP y Vox tiene asumido la realización de un plan económico-financiero «para programar el retorno a las reglas fiscales en los ejercicios 2025 y 2026, ajustándonos a un crecimiento definido».
«Si quiero cumplir las reglas de gasto, tengo que renunciar a los fondos europeos, y con los proyectos de los fondos europeos ya iniciados, no me puedo arriesgar a perder lo que ya llevo gastado». Así de tajante se expresa el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, que asegura que la situación para los ayuntamientos es «compleja». «Estamos intentando concienciar a la ciudadanía, sobre todo a asociaciones y colectivos, de que no tenemos la capacidad de gasto que tenía el PSOE, porque los proyectos que estamos ejecutando ya se contabilizaron como ingresos en otros ejercicios y eso nos va a descuadrar las cuentas, y vamos a mantener nuestro compromiso de no subir los impuestos», apostilla.
Navarro explica que el Ayuntamiento de Tomelloso «parte de una situación de incumplimiento de la estabilidad presupuestaria», y pone como ejemplo las obras del mercado de abastos: es un proyecto de casi 1,5 millones que se paga en 2023 y está contabilizado como ingreso en 2019. De hecho, enfatiza el regidor, «el 72% de los contratos de proyectos financiados con fondos europeos los he firmado yo».
Renuncia. En Puertollano está la otra cara de la moneda. Según subraya su concejal de Hacienda, Andrés Gómez, «el Ayuntamiento está preparado financieramente para cumplir las condiciones que establecen las reglas fiscales sin alterar la normalidad presupuestaria», por lo que «no será necesario tomar ningún tipo de medida excepcional de ajuste del control del gasto y el déficit».
Hay que recordar que una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo equipo de Gobierno, en julio de 2023, fue renunciar a la ejecución de 5,5 millones de los proyectos de la Estrategia de Desarrollo de Puertollano (Edusi), el 44% del total. El alcalde y el concejal de Hacienda explicaron que algunas de las iniciativas urbanas planteadas no estaban ni licitadas ni redactadas «por falta de previsión», por lo que era prácticamente imposible cumplir los plazos establecidos por Bruselas.