La delegada de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández, ha destacado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha invierte 1,5 millones de euros cada día en la provincia de Ciudad Real para afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación".

Blanca Fernández ha explicado que estamos ante una Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha "de largo recorrido" que seguro que dará sus frutos, de hecho ya se están viendo con pequeños signos, pero se irán constatando con más fuerza en los próximos años.

Precisamente, la delegada ha aludido a uno de esos síntomas, como es el hecho de que la provincia ciudadrealeña haya ganado población por segundo año consecutivo, al igual que ha sucedido en el último ejercicio en Ballesteros de Calatrava, municipio que ha visitado hoy junto al alcalde, Juan Carlos Moraleda, y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Caro, para ver el avance del proyecto piloto que está desarrollando el Ejecutivo regional en las cinco provincias con el objetivo de habilitar edificios en desuso y al que destina un millón de euros.

La Junta invierte 1,5 millones al día contra la despoblación

En este caso se trata de la rehabilitación integral de las dos viviendas de los maestros por un importe que supera los 164.000 euros con la intención de que el Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava pueda alquilarlas con unas condiciones muy ventajosas, ya que la renta no podrá ser superior a los 250 euros.

Blanca Fernández ha aprovechado para agradecer el compromiso del alcalde, ya que cuenta con una estratega propia para luchar contra la despoblación en una localidad que cuenta con menos de 400 habitantes y un presupuesto reducido. Así que "hay que tener mucha imaginación y mucha valentía para poner en marcha medidas que son muy atractivas y que sumándolas a las medidas que contiene la Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla La Mancha pueden ser muy interesantes".

Ballesteros, un espejo donde mirarse

La Junta invierte 1,5 millones al día contra la despoblación

El caso de Ballesteros de Calatrava es un espejo donde mirarse, puesto que lidera los incentivos en la lucha contra la despoblación de una manera integral con la promoción del acceso a la vivienda en condiciones ventajosas a jóvenes y a familias que se establezcan en la localidad, pero también con un programa de beneficios fiscales, con ayudas económicas para la solarización energética de la vivienda y para la adquisición de vehículo eléctrico o la financiación integral del préstamo hipotecario del 80 por ciento de la operación con condiciones ventajosas tras el convenio del consistorio con las dos entidades financieras que hay en el municipio.

La idea, tal y como han detallado tanto la delegada de la Junta como el alcalde, es poder beneficiar a parejas jóvenes que quieran emprender un negocio y formar una familia en Ballesteros de Calatrava. Y para ello cuentan con el incentivo de la vivienda, pero también con otra serie de medidas ventajosas si deciden dar el paso adelante.

Entre las medidas más destacadas que aporta el Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández ha citado hasta un 40 por ciento más de ayuda a empresas y personas autónomas por instalarse o mejorar un municipio afectado por la despoblación y para el apoyo al inicio de la actividad emprendedora durante los dos primeros años; reducción de hasta el 75% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y de hasta un 96% en impuesto de actos jurídicos documentados por la compra de inmuebles destinados a centros de empresas o negocio y bonificación de hasta el 95 por ciento de esa cuota; un programa de captación del talento para facilitar a las personas con titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad al ámbito rural; programa de ayudas y financiación para impulsar el relevo generacional y el traspaso de negocios en zonas rurales; deducciones en la cuota íntegra autonómica (IRPF) de hasta el 25% para quien tenga la residencia habitual y estancia efectiva en zona de especial protección; o nueva deducción de 500 euros durante los dos primeros años en el IRPF por trasladar la vivienda habitual por motivos laborales a una zona de especial protección.