La nueva norma de revisión de ascensores entrará en vigor el próximo 1 de julio y afectará a entre un 35 y un 40 por ciento de los instalados en toda España. Esta normativa ha puesto en jaque a las comunidades de propietarios por las reformas que tendrán que acometer, con un gasto que puede rondar los 30.000 euros en los casos más complejos. A partir de esa fecha, los ascensores que tengan que pasar una revisión deberán estar preparados para cumplir con los nuevos requisitos de seguridad, aunque desde la Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) lanzan un mensaje de «tranquilidad» y recuerdan que la implementación de estas medidas «se podrá hacer de forma progresiva durante los próximos años».
En declaraciones a La Tribuna, José Carlos Frechilla, director de la Feeda, explica que la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) relativa a la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, aprobada en Consejo de Ministros y publicada en el BOE el pasado mes de abril, pretende implementar en los elevadores más antiguos medidas de seguridad que actualmente ya incorporan los nuevos ascensores. Considera que más de un 35% de los ascensores de la provincia de Ciudad Real, concentrados la mayoría en inmuebles de la capital y de otras grandes poblaciones, serán objeto de actuaciones de mayor o menor calado, en línea con la media nacional, aunque subraya que la normativa afecta realmente al 100% de los ascensores «a nivel documental, administrativo y de gestión».
Únicamente los inmuebles de obra nueva cumplen con los requisitos y, como mucho, tendrán que hacer frente a pequeñas actualizaciones. Esto es así porque en 2017 ya se actualizó la normativa con elementos que ahora son obligatorios, como la línea de comunicación bidireccional o los sensores a dos alturas. La inversión a realizar será «tremendamente variable», aunque Frechilla avanza que el gasto medio al que tendrá que hacer frente una comunidad de propietarios se situará en una horquilla entre los 1.000 euros de tope por abajo y los 8.000 por arriba. «Los casos en los que se habla de 30.000 euros son contados y normalmente se optará por la instalación de un equipo nuevo. Sólo un pequeño porcentaje de comunidades de propietarios tendrá que hacer una gran inversión, porque la mayoría ya ha ido incorporando medidas de seguridad que ahora serán obligatorias por ley», insiste el director de la Feeda.
José Carlos Frechilla remarca que «no hay una fecha tope» para la implementación de los nuevos sistemas de seguridad. El organismo de control, según vayan pasando las inspecciones periódicas obligatorias, indicará qué elementos hay que corregir y establecerá un plazo para llevar a cabo las actualizaciones. «Si pasado ese plazo no se han instalado las mejoras, el ascensor podría quedar sin servicio de forma instantánea», sentencia.
Por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Ciudad Real, José Cerros, coincide en que las medidas que recoge la ITC se irán implementando de forma progresiva: «No se puede hacer todo de la noche a la mañana». Apunta, en este sentido, que las empresas encargadas del mantenimiento tienen que hacer un informe con las características de los ascensores, un documento que remitirán al organismo de control para que detalle qué elementos de seguridad faltan por introducir. Con esta información, se ejecutarán las actuaciones necesarias para que los elevadores pasen con éxito la siguiente revisión obligatoria.
La «mayor preocupación» de los vecinos tiene que ver con la inversión, que variará según las características de los ascensores de cada comunidad. «Si no cuentan con remanente suficiente, será necesario aplicar un recibo extra», subraya Cerros, para destacar, a renglón seguido, la «buena relación» que mantienen con las empresas mantenedoras: «Siempre ofrecen facilidades de pago a las administraciones de fincas colegiadas».