El Gobierno de España, con el apoyo de sus socios, pretende elevar en casi diez céntimos el precio por litro del gasóleo (el tipo general pasará de 0,307 euros por litro a 0,40069 euros) para igualarlo a la gasolina. Una subida de los impuestos al diésel que entraría en vigor en abril de 2025 y que supondría que llenar un depósito con capacidad para 50 litros costará casi seis euros más. El Ejecutivo central prevé que esta tasa no afecte ni a los transportistas ni a los profesionales que utilizan gasóleo B bonificado.

El presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, Francisco Molina, muestra su oposición a una medida que «al final repercutirá en el bolsillo de los consumidores». También afectará a los profesionales del sector, ya que «tendrán que hacer una mayor inversión al encarecerse el producto». El incremento en la fiscalidad del combustible será precisamente uno de los temas que se aborden en la jornada 'Un café con CEEES', que acogerá la Cámara de Comercio de Comercio de Ciudad Real el próximo 20 de noviembre.

Esta nueva subida impositiva tendrá un efecto negativo en la economía de muchas familias, puesto que el parque automovilístico español usa mayoritariamente diésel. Según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Tráfico (DGT), el 51% de los turismos estaban impulsados por gasóleo, una proporción que se eleva al 83% en el caso de las furgonetas y al 96% en el de los camiones. «El futuro pasa por el llamado diésel verde, que permite reducir hasta en un 90% las emisiones de CO2», afirma Molina, que asegura que ya se está suministrando en 580 estaciones de servicio de todo el país.

Una red insuficiente.

Otros dos importantes países de la Unión Europea, como Alemania e Italia, también estudian aplicar una subida de impuestos al gasóleo con el objetivo de minimizar su consumo y favorecer el impulso del coche eléctrico. En Francia han ido un paso más allá y apuesta incluso por eliminar las concesiones de gasolineras que suministran diésel. Francisco Molina considera que no tiene sentido apostar por la electrificación del parque automovilístico mientras no exista una amplia red de puntos de recarga y los vehículos no aumenten su autonomía. «Actualmente, falta el doble de los puntos previstos en las carreteras y los primeros que se instalaron son de carga muy lenta», apostilla.

El presidente de la patronal ciudadrealeña explica que las estaciones de servicio que dispensan más de tres millones de litros de combustible al año están obligados a instalar al menos un punto de recarga para coches eléctricos, pero se topan con la «burocracia». «Se tarda más de dos años desde que se solicita», subraya Molina, que recuerda que ya han exigido al Gobierno que acorte los plazos.