Bruselas continúa teniendo al caso Mediador bajo su lupa. La presidenta de la Comisión de Control Parlamentario de la Eurocámara, la alemana Monika Hohlmeier, advirtió ayer a la Comisión Europea de las «preocupantes noticias» en relación a esta trama de mordidas empresariales a cambio de favores políticos e instó a la institución a analizar si hay fondos de la UE implicados, especialmente los relativos al denominado Plan de Recuperación y Resiliencia.
En una carta remitida a los gabinetes del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, la eurodiputada germana alertó de la posibilidad de un desvío ilegal de las ayudas y pidió al Ejecutivo comunitario que explique si se han visto implicados fondos de la UE y en qué medida, y cómo piensa Bruselas hacer un seguimiento de la cuestión.
Además, animó a dar cuenta de los resultados de la investigación «a su debido tiempo» ante la comisión parlamentaria que preside.
Hohlmeier viajó a Madrid a finales del pasado mes de febrero junto a una delegación de eurodiputados para examinar la ejecución de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia.
El caso también sigue coleando en España. La juez que investiga esta trama presuntamente liderada por el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, más conocido como Tito Berni, ha prohibido al general investigado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, único encarcelado hasta ahora, disponer de una batería de bienes inmuebles.
En su auto, explicó que «concurren los presupuestos necesarios que justifican la adopción de la medida cautelar» porque de los «múltiples oficios policiales y diligencias practicadas» se desprenden «sobrados indicios de la participación del general» en la trama que se investiga.
En concreto, la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres ha prohibido a Espinosa disponer de varios inmuebles que tiene en propiedad con su esposa: tres en Sevilla y uno en otra ciudad andaluza, en Huelva.
Otro de los personajes clave en la red corrupta, el intermediario que dio nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, afirmó que el presidente del Cabildo de Tenerife, el socialista Pedro Martín, cobró una comisión por contratos adjudicados desde el área de Deportes y afirmó que ambos se reunieron para hablar «de trapicheos».
Obras irregulares
Respecto a la pieza separada de la trama, conocida ya como caso Cuarteles, también hubo ayer novedades. El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil aseguró en uno de los atestados aportados (en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en al menos 13 comandancias del Instituto Armado) que el exjefe de la Comandancia de Ávila, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, pidió, autorizó y ordenó pagar varias obras antes de que estas se realizaran a empresas de Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, quien también figura como investigado en el procedimiento, para trabajos en varios acuartelamientos de la provincia abulense.
La propia directora de la Guardia Civil, María Gámez, subrayó, por otra parte, que en la Benemérita hay un «interés máximo» para que «se desvele» todo lo relativo al caso Cuarteles y «destapar cualquier ilegalidad». «Que pague quien no lo haya hecho bien, esta es nuestra prioridad», apostilló.