Después de siete años al frente del sindicato en la provincia de Ciudad Real, Lorenzo Domínguez (Malagón, 1964) es desde el mes de abril máximo responsable de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en Castilla-La Mancha. En el X Congreso General Autonómico obtenía el respaldo del 93,2% de los votos emitidos, sucediendo así en esta responsabilidad al también ciudadrealeño Julio Retamosa, presidente regional los últimos cuatro años.

De profesión, maestro de Primaria, dejaba a un lado la educación después de 16 años como docente para centrarse en la actividad sindical y formar parte de la Unión Provincial de CSIF en Ciudad Real. Desde allí ha trabajado duro por los derechos de un colectivo que, como recuerda, aún no ha recuperado todos los parabienes que le fueron recortados a partir de 2012. 

¿Cómo afronta esta nueva responsabilidad como presidente regional de CSIF?

Lo hago con mucha ilusión, porque es un honor, un privilegio poder presidir el sindicato estos cuatro años, y más después del respaldo que tuve en el Congreso. 

¿Con qué equipo cuenta para estos próximos cuatro años?

El equipo lo forman también María Ángeles Ruiz como vicepresidenta, con secretarías para Victoria Ortiz (Negociación), Marisa García (Acción Sindical) y Francisco Navarrete (Formación). Además, se suman los respectivos presidentes provinciales, con Cristina Donate asumiendo esa responsabilidad en Ciudad Real.

¿Mucho trabajo por delante?

Mucho trabajo y mucha lucha, porque tenemos que seguir siendo la primera fuerza sindical en la función pública en Castilla-La Mancha y tenemos que seguir creciendo en el sector de la empresa privada. Un trabajo y una lucha orientada para estar al lado del trabajador, siendo su voz, centrándonos en los colectivos más vulnerables de la sociedad. En definitiva, vamos a estar comprometidos con el desarrollo de Castilla-La Mancha y no nos vamos a poner de perfil en ningún momento. Consideramos que los servicios públicos, las administraciones de los ciudadanos no pueden depender de las luchas políticas y del Gobierno de turno. 

¿De qué colectivos se trata?

Hay que desmitificar que la gente vea a todos los empleados públicos como un colectivo privilegiado. Hay grupos que realmente tienen unos salarios muy bajos. Podemos hablar de personal de limpieza, celadores, ATES -auxiliar técnico educativo-, entre otros muchos de los colectivos, que son colectivos que vienen a mantener y a sostener la estructura de la sociedad. Como a otros ciudadanos, les cuesta llenar el carro de la compra, en una situación que no es fácil. CSIF va a estar de su lado y no se va a poner el perfil, porque somos la fuerza más representativa de la función pública en la región . 

Ahora que ha sacado usted el tema, ¿por qué en ocasiones a los funcionarios públicos se les tilda de poco comprometidos con su trabajo?

Es algo que hay que desmitificar, y quizás una de las razones de que exista esta falsa idea es que desde las propias administraciones no se ha cuidado mucho esa imagen, en incluso algunas veces se nos ha maltratado. No voy a recordar ahora declaraciones de ciertos políticos referente a determinados colectivos, por ejemplo de docentes, cuando llegó la pandemia. 

Siendo el sindicato de mayor representación en el ámbito público, ¿es en el sector privado donde más trabajo tienen por delante?

En la empresa privada hay un campo grande donde trabajar. CSIF va a ser la alternativa a los sindicatos de clase y vamos a trabajar por acabar con las desigualdades en ese mundo privado, con las injusticias, y lo vamos a hacer desde nuestras señas de identidad, que son la independencia, la profesionalidad, la honestidad y la cercanía.

¿Qué objetivos concretos figuran en la hoja de ruta de CSIF?

Queremos acabar con los recortes que sufrimos desde el 2010, con la bajada del 5% del salario que nos impuso Rodríguez Zapatero, a lo que se sumaron en 2012 los recortes de María Dolores de Cospedal, que por cierto, muchos de ellos los mantiene García-Page. Vamos a luchar por acabar con la pérdida de poder adquisitivo que acumulamos, que es más de un 20% en todo el territorio nacional, con Castilla-La Mancha muchas veces por encima de la media nacional. Además, queremos reforzar los servicios públicos, para que la sociedad castellanomanchega avance.

Tenemos que acabar con la vulneración de derechos y frenar la siniestralidad laboral, que está siendo alta, con 33 víctimas mortales el año pasado y seis más este año.

Hay que reducir el desempleo, porque el objetivo principal es combatir el empobrecimiento generalizado al que estamos sometidos en la sociedad castellanomanchega.

Más de una década después, ¿aún no se han recuperado esos recortes que obligó a realizar la crisis económica?

Se han recuperado cosas, pero nos quedan pendientes bastantes recortes, en el ámbito sanitario o en el educativo. Por ejemplo, en sanidad se paralizó la carrera profesional y somos la única comunidad con este derecho paralizado. Y en educación, hace poco firmó el gobierno de Castilla-La Mancha un acuerdo con dos sindicatos, pero ese acuerdo realmente no establece un plan adecuado para acabar con el fracaso escolar. Nos vienen a decir que en el próximo curso se van a reducir ratios, pero no se reducen realmente, ya que esa reducción viene motivada porque hay una caída demográfica.

Ese acuerdo lo firmaron ANPE y UGT, pero CCOO, STE y CSIF se desmarcaron, e incluso salieron a la calle a protestar. ¿Qué pide CSIF concretamente?

Estamos pidiendo que en Infantil baje el ratio de 22 a 20 niños por aula; en Primaria estamos pidiendo que baje de 25 a 22; en Secundaria, que baje de 30 a 28; y en Bachillerato, de 35 a 30. En cuanto a los horarios, hay que recordar que antes de los recortes en Primaria ya habíamos conseguido bajar a las 23 horas lectivas, y en Secundaria a las 18, cosa que ahora no tenemos.

No nos olvidamos del colectivo de interinos y el cobro del verano. Solamente lo cobran los que firman contratos en septiembre y octubre para todo el año, y estamos pidiendo que lo cobren más interinos, no solo ellos.

Y un recorte fundamental, muy importante en Castilla-La Mancha, fue el del plan social para el empleado público, con ayudas para las familias con necesidades especiales de educación, o para guardería, para la formación. 

Son normas que habría que fijar para que gobierne uno o gobierne otro, se mantengan, porque no podemos llevar en educación siete leyes educativas desde que comenzó la democracia: es una barbaridad.

Cuando CSIF llama a la puerta del Gobierno regional para plantearle estas reivindicaciones, ¿qué respuesta obtiene? 

Les hemos escrito nuestras cartas, donde les comunicamos que tenemos una nueva ejecutiva a nivel autonómico, donde les decimos las reivindicaciones que queremos y donde abrimos nuestra puerta a que nos reciban para poder negociar estas cosas. De momento nos encontramos con un muro ahí enfrente, no nos convocan para este tipo de negociaciones, que es lo que desde el sindicato estamos pidiendo. 

¿Cómo funcionan los servicios públicos de Castilla-La Mancha con respecto a otras comunidades autónomas? 

Durante la pandemia pudimos ver las carencias que tenemos, a pesar del esfuerzo tremendo de nuestros empleados públicos, como en sanidad. Con respecto a otras comunidades, necesitamos todavía reforzar estos servicios bastante más, ya no solo en personal sino en instalaciones y en medios. La precariedad que tenemos en los servicios públicos es alta, con un porcentaje muy alto de contratos temporales, y unas condiciones de trabajo mejorables.

Otro dato interesante es la pensión de jubilación con respecto a otras comunidades, con un gran desfase con respecto a la media nacional.

¿Qué servicios públicos urge mejorar en Castilla-La Mancha?

La sanidad, con listas de espera grandes a la hora de pedir cita; la educación, con ratios demasiado altas; la administración general de la comunidad autónoma, con muchas consejerías que necesitan plantillas más amplias, como la de Bienestar Social, en las residencias de mayores, donde nos encontramos con pocos trabajadores para atender a muchos mayores. 

En Castilla-La Mancha CSIF supera los 16.000 afiliados, de los cuales unos 5.000 trabajan en la provincia. ¿Son cifras que podrían crecer con una Ley Orgánica de Libertad Sindical? ¿Cómo marcha esa demanda?

Estamos en ello, con la intención de seguir luchando para cambiar una ley que data de 1985, donde se nos marca un 10% de representación para poder entrar en las mesas a negociar. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se reduzca igual que en la política, a un 5%, o un 3%, para poder dar cobertura a toda la sociedad. Ahora todo está monopolizado por dos grandes sindicatos de clase.

También estamos pidiendo acabar con las subvenciones que se están dando en Castilla-La Mancha, que suponen una competencia desleal. Desde 2014 hasta ahora se les han concedido a los sindicatos de clase unos privilegios que al resto no han llegado, con más de 43 millones de euros concedidos. No pedimos que nos den a CSIF esa subvención, ni mucho menos. Lo que pedimos es que ese dinero vaya a los empleados públicos, a esos colectivos más vulnerables, a los ciudadanos más necesitados.

No le he preguntado por su antecesor, Julio Retamosa...

A Julio hay que darle la enhorabuena porque ha dejado el sindicato en un lugar muy alto. Ha hecho un trabajo honesto, con transparencia e independiente. Nunca se ha movido nada más que por los intereses de los trabajadores. Es nuestro referente y vamos a seguir con su labor.