La Fiscalía de Ciudad Real ha abierto diligencias y está investigando un aumento del censo electoral ocurrido en Pozuelo de Calatrava y un posible fraude en el voto por correo. Se trata de una investigación que se encuentra en su fase inicial y que viene de una denuncia ocurrida hace unos meses, según ha confirmado la Fiscalía, que no ha señalado quién presentó esta denuncia.

En este sentido, se presentó un escrito ante la justicia en abril, tras tener conocimiento de que se había producido un aumento en el número de personas en el censo. Este es el asunto, por el que, de momento, se han abierto las diligencias y que implica dilucidar si el incremento del padrón, poco antes de las elecciones, se debe a la intención o no de cometer un posible delito electoral, que haya personas que se hayan empadronado con la única intención de votar en las municipales. Por este motivo se investiga un posible delito del artículo 139.1 de la ley electoral y que persigue cualquier incumplimiento de las normas «para la formación, conservación y exhibición al público del censo electoral».

Esta primera denuncia se vio ampliada al inicio de la campaña, con un segundo escrito presentado ante la Fiscalía y ante la junta electoral, según han señalado fuentes conocedoras del caso. En el mismo se indicaba que se tuvo conocimiento de que en un domicilio se recibieron, al menos, una treintena de solicitudes de voto por correo, pidiendo que se analice si se ha producido un posible fraude.

La Fiscalía investiga un posible fraude electoral en Pozuelo - Foto: Rueda VillaverdeSe trata de un tema que ha suscitado alarma en el municipio, más si se tiene en cuenta los casos de compra de votos en Melilla y Mojácar, además de en municipios de Zamora, Huelva, Alicante o Murcia. En la provincia, más de 13.000 ciudadrealeños han pedido este voto de cara al 28-M y Pozuelo de Calatrava es el municipio que más solicita esta modalidad, con más de un 7% del censo en las pasadas elecciones.

El hecho de haberse abierto diligencias, recuerdan fuentes judiciales, no implica que haya un delito, sino que se han iniciado las pesquisas de cara a dilucidar si se ha incumplido la ley. En este sentido, recordaron que no se sabe si hay o no infracción, ni quién puede ser el infractor. De hecho, hay otras denuncias que se han presentado estos días en otras localidades de la provincia por el aumento del censo como Villar del Pozo, que ha pasado en unos meses de 25 a 63 personas. En este caso, por el momento y que se sepa, no se han abierto diligencias.