La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos planteados por familiares de sanitarios del hospital Santa Bárbara de Puertollano que fallecieron por coronavirus en las primeras semanas de la pandemia. El alto tribunal desestima el recurso interpuesto, aunque la sentencia aún es susceptible de recurso de casación. 

En concreto la Audiencia Nacional considera que hubo "fuerza mayor" en aquellas fechas, como han marcado varias sentencias del Tribunal Supremo en estos años y, por este motivo, estima que no hay lugar a una responsabilidad de la administración en estas muertes. «Los artículos 106.2 de la Constitución y 32 de la Ley 40/2015 contemplan la concurrencia de fuerza mayor como un supuesto de exclusión de responsabilidad de la administración», se indica en la sentencia a la que ha tenido acceso La Tribuna.

Como ejemplo, la sentencia aborda el recurso planteado por la muerte de una auxiliar de enfermería que trabajaba en el servicio de pediatría del hospital, quien fue diagnosticada el 23 de marzo de COVID y enviada a su casa, en primera instancia, para ser ingresada después, en la madrugada del día 28 en la UCI, tras ser diagnosticada de neumonía intersticial bilateral. El 3 de abril falleció por estos hechos. «Se trata de la primera sanitaria del hospital de Puertollano, y en concreto del servicio de pediatría, que muere a consecuencia del Covid 19". Posteriormente falleció un médico pediatra de dicho servicio.

En julio presentaron un recurso ante el Ministerio de Sanidad y ante el Sescam por estas muertes, solicitando una indemnización y ante "el silencio administrativo", según la sentencia de la Audiencia Nacional, optaron por interponer un recurso administrativo. En su escrito acusaban a la administración de no haber adoptado en tiempo las medidas correctas para la protección del personal sanitario ante el brote de Covid-19. Igualmente subrayaron que el deber de cumplir con sus obligaciones, que se infiere al personal sanitario, "no puede llegar al extremo de obligar al personal sanitario a caer en el sacrificio personal". "La ausencia de medios protectores ha sido el desencadenante de contagios que en muchos supuestos han desembocado en la muerte, como ha acontecido con los recurrentes, con un importante daño moral que ha de resultar indemnizable".  Igualmente apuntaron a que no facilitaron equipos de protección a los sanitarios o formación, pese a que se sabía el peligro del virus. 

La Audiencia hace una cronología de los hechos de la pandemia, para señalar la situación de fuerza mayor que se dio en los días posteriores a la declaración del Estado de Alarma y también señala que ya hubo una resolución por estos hechos. En concreto se hace referencia a la resolución de 25 de mayo de 2022 de la Dirección Provincial del INSS en Ciudad Real por la que se confirma la declaración de responsabilidad empresarial del Sescam «por falta de medidas de seguridad en el trabajo del personal sanitario del Hospital de Santa Bárbara con resultado de muerte, acordando que las prestaciones de Seguridad Social derivadas de dicho accidente de trabajo fueran incrementadas finalmente en un 30%». Se trata de una resolución en la que se explica que no hubo evaluación del riesgo del puesto de trabajo o prueba documental de la recepción del equipo de protección individual. «Tampoco consta que se le indicara la forma de eliminar el material contaminado». 

Esa resolución fue modificada después, elevándose al 50%, por sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de los de Ciudad Real, por petición de un familiar de esta auxiliar.Por este motivo exponen que «los recurrentes han obtenido pues, una compensación económica como consecuencia del fallecimiento».

«El daño causado se produjo por un acontecimiento de dimensión mundial y externo a la actuación de la administración», se indica en la sentencia para exponer esa fuerza mayor que llevó a las muertes.