La Junta de Gobierno Local aprobó este lunes la reparcelación del Reino de Don Quijote de La Mancha, dando cumplimiento a una orden judicial, después de un trámite que se ha extendido durante más de dos años. Hay que recordar que la sociedad El Reino de Don Quijote SA declaró el concurso de acreedores el 29 de julio de 2011. El proyecto contemplaba la construcción de campos de golf, hoteles, un casino y 12.500 viviendas en este sector urbanístico de la capital.
La superficie del sector, incluyendo los sistemas generales exteriores, supera los 6,8 millones de metros cuadrados, el aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento de Ciudad Real se sitúa en algo más de 407.000 metros y la superficie máxima construible alcanza los 3,6 millones de metros, con una densidad de 15,29 viviendas por hectárea como máximo, por lo que se podrían levantar alrededor de 5.500 inmuebles en estos terrenos.
Interés empresarial. Hace unos años, en 2022, la mercantil Baraka Properties Group SL, con domicilio social en Madrid, presentó una oferta por los terrenos de 5,5 millones de euros para convertirse en agente urbanizador. La compra de todos los bienes inmuebles de El Reino de Don Quijote estaba supeditada a la reparcelación del Plan de Actuación Urbanística (PAU), además de estar «libres de cargas financieras, trabas, gravámenes y embargos, incluyendo todos los derechos inherentes a los mismos, sus terrenos y edificaciones, instalaciones, permisos, concesiones administrativas y licencias de cualquier caso», condiciones recogidas en el auto del juez Carmelo Ordóñez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ciudad Real con competencia en Mercantil. El plazo dado al Consistorio venció el 10 de marzo de 2022 y nunca más se supo de esta oferta. Consultada ayer la empresa, esta no ofreció ninguna respuesta.
En otro orden de cosas, el portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, dio a conocer la respuesta a la solicitud que los alcaldes de Miguelturra y Ciudad Real formularon a Acuaes para que redactara los proyectos de mejora del estado del emisario de aguas, que se encuentra en condiciones «pésimas». La empresa estatal indicó que en el actual convenio, suscrito en 2022 con ambas localidades, no se incluyen ese tipo de actuaciones, por lo que se tendría que plasmar un nuevo marco de colaboración, algo en lo que seguirá avanzando el Consistorio.
Asimismo, la Junta de Gobierno aprobó la instalación de procedimientos administrativos electrónicos. Arroyo resaltó que esta medida «permite seguir avanzando hacia una administración más ágil y eficaz, facilitando su relación con los ciudadanos y las empresas».