El último informe del Defensor del Pueblo señala a la provincia de Ciudad Real como una de las que más quejas plantean teniendo en cuenta su población. Un total de 284 peticiones se llevaron hasta este organismo, la tercera cifra más alta de la última década y solo por detrás de las acumuladas en 2023, con 307 peticiones, y el récord de 494 registradas en 2017, cuando las incidencias por motivos sanitarios llevaron a una campaña de peticiones a la institución. Los datos reflejan la primera caída de quejas ante el organismo desde la pandemia, cuando la sanidad llevó a muchos ciudadrealeños a reclamar ante el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los españoles.
Estos son los datos más destacados de un informe del Defensor del Pueblo que nombra más que a Ciudad Real a Castilla-La Mancha en un plano general, aunque hay varios textos referidos a sanidad, justicia y educación, que abordan problemáticas de la provincia.
Por ejemplo, se cita una recomendación realizada en 2023 y contestada en 2024 sobre la necesidad de elaborar una norma, de nivel autonómico, reguladora del uso de contenciones físicas y farmacológicas en Castilla-La Mancha, y que procede tras una visita realizada a los servicios de salud mental de Ciudad Real.
También se cita a una mujer que pidió se tengan en cuenta que las dilaciones indebidas en un proceso de bienes gananciales se deben a la falta de personal, ante lo que se sugirió desde la institución que «se adopten las medidas necesarias de naturaleza organizativa, de personal, para que se remedie la vulneración del derecho al proceso sin dilaciones indebidas de la interesada», debido a que faltaba un informe pericial. Esta queja se encuadra dentro de otras recibidas debidas a una excesiva carga de trabajo o por problemas estructurales de los juzgados de primera instancia e instrucción en numerosos puntos de España.
Administraciones locales. Por otra parte, en cuanto a las peticiones recibidas por situaciones ocurridas ante ayuntamientos. Se hace referencia a dos de los casos que acabaron con un recordatorio de los deberes legales de la institución.
Por una parte, se hace referencia a una solicitud de un ciudadano de Argamasilla de Alba que planteó su queja ante el retraso de una licencia que había solicitado al Consistorio, y que tardó «más de un año y medio» desde que se presentó hasta que se dictó resolución. Por el retraso se formula este recordatorio, aunque el planteamiento no va a más, ya que «se ha concedido la licencia urbanística que venía reclamando».
También se realiza una recomendación similar al Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, ante una queja de una mujer que no recibió resolución a la negativa del Plan Corresponsables. Una petición ante la que el defensor plantea que «se resuelva y notifique expresa y motivadamente la solicitud presentada por la interesada».
Por último, como viene siendo habitual en los informes del Defensor del Pueblo, incluye aquellas administraciones que no han colaborado. En esta ocasión solo hay una en la provincia, el Ayuntamiento de Miguelturra, al que se le formuló una sugerencia y un recordatorio del deber legal, «el 13 de abril de 2023», en relación con la gestión de la bolsa de trabajo temporal de ese ayuntamiento y al que se le ha tenido que hacer un tercer requerimiento de contestación, con fecha del 7 de mayo de 2024.