El PSOE ya ha legitimado públicamente las leyes de desconexión, la declaración unilateral de independencia y la fuga de Puigdemont, y ha medido los tiempos con intenciones funestas, o sea, con mala leche, precisamente unas horas antes del acto histórico de la jura de la Constitución de la princesa Leonor. El rostro frio, retorcido e hipócrita de Sánchez, frente a la frescura de Leonor. El totalitarismo frente a la democracia y el Estado de derecho que representa la Constitución de 1978. Siete votos necesarios que el prófugo de la Justicia española le puede proporcionar. Adiós a la España democrática. 
Sánchez es ya el ejecutivo, el legislativo y el judicial y es más que evidente el abuso que el PSOE está haciendo de las instituciones sin esconderse en su empeño, sin el mínimo recato y ante los ojos de Europa. El Código Penal está a su servicio, Sánchez decide qué delitos se tipifican y cuales se eliminan con el objeto de indultar a sus compañeros delincuentes, controla a fiscales y jueces, se ha adueñado del Tribunal Constitucional y en una deriva totalitaria y reaccionaria, va camino de acabar con la convivencia pacífica de los españoles, cada vez más polarizados.
El artículo 67.2 de la Constitución establece que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo».  Es decir, que nuestros diputados y senadores electos se convierten en representantes con mando delegado para que ejecuten la voluntad popular sin más límites que los de la duración del mandato legislativo de cuatro años. Pero la realidad es otra. El otro día, cuando le preguntaron a Emiliano García-Page el motivo por el que sus diputados de Castilla-La Mancha no se oponían a esta tropelía, vino a decir algo así como que incluso antes que socialista es demócrata, en alusión a la lógica libertad de los diputados para emitir el voto. Yo creo que el planteamiento debería ser todo lo contrario, pues sus diputados, como todos, en realidad están sometidos a la voluntad suprema del líder de lo que queda del PSOE, y no a la del pueblo que los ha votado, olvidando Page que el mandato imperativo está prohibido en la Constitución. 
Page, ciertamente, no debe obligar a nadie en la emisión del voto, pero como ya vienen todos de fábrica obligados por Sánchez, y estando él, según aparenta, en contra de la deriva reaccionaria del partido, bien podría aconsejar a sus diputados la orientación del voto. En el peor de los casos sería su mandato imperativo por el mandato imperativo de Sánchez, en pro de un bien supremo.
Y tampoco sería así exactamente, pues a fin de cuentas nuestros diputados estarían votando la voluntad del pueblo que los ha elegido. Recuerden, si no, la postura clara de Page y nuestros diputados castellanomanchegos en la campaña electoral respecto de Bildu y la amnistía a Puigdemont. Page ganó precisamente las elecciones por desmarcarse de Sánchez. Recuerden en campaña cuando dijo aquello de que «con estos no voy ni a la esquina de la calle».