El panorama internacional no es halagüeño para la economía. Ni tampoco para el sector primario de Castilla-La Mancha. La política es el paraguas que alberga prácticamente todo y desde la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca el panorama ha cambiado bastante. 

De momento solo se conoce que el presidente de Estados Unidos quiere imponer una serie de aranceles a productos de origen europeo. Entre ellos, uno de los más perjudicados para Castilla-La Mancha sería el vino. Solo de este producto rondaría entre los 18 y 20 millones de pérdidas en exportaciones castellanomanchegas al país norteamericano, calcula la Junta.

Estos son los riesgos del presente, pero a futuro la Unión Europea se juega aún más: La pervivencia del campo. Ese partido se juega dentro de casa y, por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pisado el acelerador con la elaboración de un documento con ocho propuestas «clave» para que la próxima Política Agraria Común (PAC) garantice el futuro de las explotaciones agrarias de la región.

El documento, entregado en febrero de 2025 al comisario responsable de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, comienza expresando la necesidad de mantener un presupuesto similar que el de años anteriores para la PAC y que no existan recortes.

El relevo generacional debe ser la piedra de toque del modelo agrario de la Unión Europea y de Castilla-La Mancha. Por ello, propone la creación de un Fondo Especial de Relevo Generacional en el Sector Agrícola Europeo y como medidas concretas tratar que las ayudas estén bonificadas para los nuevos agricultores, facilitando la adquisición y sucesión de terrenos o con apoyo económico a los agricultores salientes.

Otro de los puntos que el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la región, Julián Martínez Lizán, requirió a Hansen fue «la protección de la figura del agricultor activo». Es decir, profesionalizar la actividad y asegurar así explotaciones rentables y sostenibles.

El documento también pide a la Comisión Europea «un compromiso político, pero sobre todo económico» con la agricultura ecológica para asegurar fondos suficientes para aquellos agricultores y ganaderos que quieran transitar hacia este sistema de cultivo o mantenerlo en el tiempo.

En quinto lugar y respecto a la defensa de los productores, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera «fundamentales las cláusulas espejo y los mecanismos de protección frente a aranceles que pueden afectar seriamente a producciones muy importantes para nuestra región. Sólo mediante cláusulas espejo se podrá mantener la competitividad y los altos estándares de calidad alcanzados por los productores europeos».

Respecto al sector vitivinícola, «prioritario para la región», el documento recoge la petición de flexibilización de mecanismos como la Intervención Sectorial del Vino y la Promoción del Vino en Terceros Países.

Una propuesta novedosa es la disposición del Ejecutivo «a colaborar con los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica y Reto Demográfico, y Desarrollo Demográfico, para impulsar el desarrollo y validación de metodologías de cuantificación de captura de carbono en la agricultura». Sería un complemento de renta que ayude a los agricultores a garantizar la viabilidad de sus explotaciones.

El octavo y último punto del documento es la formación de agricultores y ganaderos para mejorar la gestión sostenible de las explotaciones y empresas agrarias y ganaderas y facilitar la innovación en los procesos producción. Para ello, se propone mejorar los canales de transferencia con la posibilidad de desarrollar proyectos piloto que muestren como conseguir ser más eficiente en el uso de los recursos y en la calidad de la producción.