El incremento de casos de COVID-19 en la región durante el periodo estival lleva a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a exigir a la Administración autonómica que extreme las precauciones en los centros sanitarios y sociosanitarios "por su sensibilidad de convertirse en focos de contagio". Por eso, CSIF reclama a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pruebas de COVID-19 "a todo el personal de las residencias de ancianos, centros ocupacionales y Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADIG) dependientes de la Consejería de Bienestar Social antes de su reincorporación tras el periodo vacacional".

Además, el sindicato asegura que para garantizar que estos trabajadores no se conviertan en un vector involuntario de la enfermedad, el Gobierno autonómico "debe garantizar que estos test se realicen al total de las plantillas sin atender a discriminaciones relacionadas con su categoría profesional o el mantenimiento de un alto o bajo riesgo de contacto, puesto que solo así se podrá frenar eficazmente la cadena de contagios".

En este sentido, CSIF subraya que, hasta el momento, solo se han realizado test a los profesionales que han mantenido contacto directo con personas positivas o que son sospechosas de serlo. Sin embargo, la Central Sindical insiste en que el incremento exponencial de brotes y contagios supone un especial peligro en los centros sanitarios y socio-sanitarios, por lo que estas pruebas deben hacerse a todos los trabajadores "sin excepción".

Con vistas en esto, CSIF apremia a la Consejería de Sanidad a que le comunique en los próximos días el calendario de realización de los test a estos profesionales y, en caso contrario, que justifique la motivación para su discriminación con el resto de trabajadores.