La propuesta que ha sido debatida, que ha salido adelante con los votos a favor del Equipo de Gobierno de coalición y la abstención de los diputados y diputadas del grupo socialista, recoge, igualmente, "un firme rechazo" a la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier comunidad autónoma "que rompen la igualdad y la solidaridad entre todos los territorios de España".

Se ha manifestado, del mismo modo, el apoyo al poder judicial, y el rechazo a cualquier acción que implique un ataque a su independencia, así como "a la celebración de un referéndum de autodeterminación en cualquier territorio de España".

"El 9 de noviembre hemos conocido el pacto entre el Partido Socialista y Junts Per Cataluña, que supone un grave ataque contra la Constitución que nos dimos todos los españoles y contra el Estado de Derecho que fuimos capaces de construir", se refiere en la exposición de motivos de la declaración institucional.

Añade que "el pacto contempla la adopción de una Ley de Amnistía que, antes y después de la consulta ilegal realizada en 2014 y el referéndum ilegal realizado en 2017 en Cataluña, hayan sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos, con independencia de los delitos que hayan podido cometer, lo que significa sencillamente declarar que los hechos delictivos condenados por el Código Penal se convierten en legales, ataca gravemente el principio de separación de poderes, que es esencial de toda democracia y de todo Estado de Derecho. Y rompe con la igualdad de todos los españoles ante la ley proclamada por el artículo 14 de la Constitución", informa la Diputación en un comunicado. 

Se refiere, igualmente, que el pacto "otorga carta blanca a la celebración de un referéndum de autodeterminación, que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional, como reiteradamente ha manifestado el Tribunal Constitucional, y establece un sistema de negociación entre España y Cataluña al margen de todos los mecanismos constitucionales y legales".

También se considera el pacto "un grave ataque contra el Estado de Autonomías, porque rompe el principio esencial de igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España, al contemplar la cesión a Cataluña del 100 por cien de los tributos que se pagan en Cataluña, contribuyendo de este modo a la debilitación del Estado, además de otras concesiones".

Este acuerdo, atendiendo al contenido de la propuesta, "es perjudicial para todos los españoles, pues viola el principio de igualdad, hace imposible la solidaridad interterritorial y pone en riesgo el futuro de España como proyecto común, además de generar un grave perjuicio en nuestro prestigio y proyección internacional, constituyendo una auténtica ruptura con el marco constitucional en que hemos vividos los españoles desde 1978, y que nos ha proporcionado las mayores cotas de prosperidad de nuestra historia reciente".

Con respecto a que el Pleno de la Diputación no es el órgano adecuado para debatir asuntos de trascendencia nacional, argumento que ha esgrimido el grupo de la oposición, el presidente de la institución, Miguel Ángel Valverde, ha comentado que España vive en la actualidad un momento históricamente complejo y delicado que repercutirá en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y en la demarcación ciudadrealeña. Ha confesado, a este respecto, su preocupación "por lo que vaya a pasar con los habitantes de la provincia" porque se pueden producir desigualdades que afectarán a nuestro futuro y al de nuestros hijos.