La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha iniciado un proceso, que durará cinco años, para que una serie de aglomeraciones urbanas desarrollen su Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento (Pigss). Una iniciativa que deberá estar lista, incluidas las infraestructuras en 2029, y que afectará a nueve aglomeraciones de la provincia de Ciudad Real, fijadas por el número de lo que se han llamado habitantes equivalentes.

El objetivo es evitar que en situaciones de lluvia, cuando los sistemas de saneamiento se llenan de aguas residuales, se produzca el efecto de llenado de las depuradoras, que, al final, en algunos casos vierten sin depurar al medio natural. Son los llamados vertidos por desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios lluviosos y se ha creado un Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cuyo objetivo es reducir su contaminación. 

Este tipo de documentos se dividen en tres tipos de aglomeraciones. Las primeras son aquellas que tienen más de 50.000 habitantes equivalentes y que encabezan la zona conformada por Alcázar de San Juan y Campo de Criptana, que es la mayor de la provincia al sumar 322.402, debido al tamaño del término municipal, los ciudadanos en épocas como el verano o los usos industriales de la red de saneamiento, que son claves al planificar esa cifra de habitantes equivalentes. Le siguen Ciudad Real, Miguelturra y Poblete (205.000 habitantes), y las áreas de Valdepeñas (200.000), Tomelloso (141.000), Manzanares (73.285), Daimiel (72.958) y Puertollano (51.393). En un segundo tipo son aquellos con más de 10.000 y menos de 50.000 que son Villarrubia de los Ojos (19.600) y Pedro Muñoz (13.300).

«Lo que pretende el reglamento de dominio público hidráulico es mejorar la situación actual de esos desbordamientos en episodios de lluvia», explicaron fuentes de la CHG, donde recuerdan que «no significa que sean vertidos que se producen siempre», dependen de cada red. Igualmente, señalaron que no todos los municipios deberán hacer cambios sustanciales en sus redes, algo que se sabrá cuando los planes estén elaborados y se decida por la CHG, las necesidades de mejoras de la red de saneamiento a realizar, como posibles desdoblamientos o tanques de tormentas. 

Un ejemplo de este cambio en la gestión de las lluvias se puede observar en el futuro polígono Sepe, donde ante la previsión de que haya una incorporación sustancial de suelo urbano, un millón de metros cuadrados, en una zona con residuos industriales, se ha optado por realizar un tanque de tormentas, que evite la entrada en depuración del agua de lluvia, hasta que esta deje de caer. «No estamos hablando del vertido final que va a la depuradora habitualmente en tiempos secos sino circunstancias climatológicas que provocan que aumente la red».

«El cronograma y las obligaciones en el tiempo varían en función de que sean de tipo A, más de 50.000 habitantes equivalentes, o de tipo B, de 10.000 a 50.000», indicaron las mismas fuentes. El primer hito es la presentación de los Pigss en aglomeraciones de más de 50.000 habitantes, que deberán tenerlos listos en septiembre de 2026 y los restantes, un año después, estando todo concluido en septiembre de 2029. «Hay obligaciones previstas en la norma, pero, por ejemplo, un tanque de tormenta que derive del análisis del Plan Integral no tendrá que ejecutarse hasta septiembre del 29», indicaron las fuentes de la CHG, igualmente ahondaron en esa posibilidad de que puede haber entidades que cumplan todo lo dispuesto o que, incluso, estén por encima y no necesiten de nuevas infraestructuras.

La intención se indica en el reglamento, es que el rendimiento hidráulico indicativo sea del 0,60 para las de más de 50.000 habitantes y del 0,50 en las de 10 a 50.000, un aspecto que implicaría, sin ser exactamente así, que el 60% del agua de lluvia en los sistemas unificados sean depurados. 

Desde la CHG recordaron que «nunca se han hecho planes integrales de este tipo» y, por lo tanto, será necesario ver en cada aglomeración qué necesidades necesitan de cara a cumplir con este nuevo reglamento, que debe estar culminado en los próximos cinco años.