El pasado mes de junio, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó una resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad por la que se aprobó el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres del Parque Nacional de Cabañeros. Esta medida para controlar las poblaciones y evitar daños significativos en los ecosistemas volvía a abrir la puerta a la caza tradicional en este espacio protegido. Sin embargo, el regreso de la actividad cinegética se encuentra en 'stand by', ya que Administración y propietarios de fincas no llegan a un acuerdo sobre la financiación.
Los propietarios de las fincas de Cabañeros recurrieron el Plan de Gestión de Ungulados. «No deja nada claro cómo se va a financiar, entre otras muchas cosas que no nos gustan», explica su portavoz, Rafael Sánchez. La Administración tiene que firmar un convenio con cada una de las 11 fincas que se encuentran en el interior del parque castellano-manchego y, de momento, las condiciones que propone «no nos convencen». «Cazar y mantener las fincas para la caza conlleva un coste y los propietarios no tienen por qué asumirlo, ya que les retiraron los derechos», apostilla.
Sánchez confía en que finalmente se encuentre una solución, al tiempo que recuerda que aún no han cobrado la indemnización por la retirada de los derechos de caza, un cobro que es independiente a la financiación que reclaman para llevar a cabo el control de ungulados en sus dominios. El portavoz de los propietarios avanza que un juzgado de Toledo ya les ha dado la razón en primera instancia: «La sentencia dice que no es legal que nos quiten los derechos de caza antes de indemnizar».
Según explican a La Tribuna fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible, hay varias reuniones agendadas entre representantes de la Junta de Comunidades y de los propietarios de las fincas de Cabañeros para intentar alcanzar un acuerdo y firmar los convenios correspondientes: «El objetivo es poder cerrarlos a lo largo de octubre».
Mientras tanto, confirman las mismas fuentes, «ya se está llevando a cabo el control de ungulados en la parte pública», es decir, en las fincas del Estado, a través de capturas en vivo. El plan prevé eliminar más de 4.000 ciervos y casi 2.000 jabalíes al año durante tres anualidades prorrogables a una cuarta. Aproximadamente la mitad de los ciervos y dos terceras partes de los jabalíes se cazarían en fincas privadas y municipales.
Según la resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, el Plan de Gestión de Ungulados Silvestres permite la realización de batidas, aguardos y recechos por parte de los propietarios de las fincas privadas y de ayuntamientos, los cuales son titulares del 38,7 % y del 7,4%, respectivamente, de las 40.856 hectáreas que integran Cabañeros. En el restante 53,5%, de propiedad estatal, la prioridad son las capturas en vivo, pero se pueden llevar a cabo las mismas prácticas cinegéticas si se estima conveniente.