El abogado Ángel Rico que ejerce la defensa del guardia civil encausado en la operación 'Cinabrio' de Almadén por cohecho, revelación de secretos y falsedad documental califica de «extremadamente elevadas» las peticiones punitivas de la Fiscalía de Ciudad Real y adelanta que va a solicitar la libre absolución de su patrocinado con todos los pronunciamientos favorables.

El veterano letrado está convencido de la inocencia de su representado y de que va a poder probarla en el juicio que se celebrará por la Ley del Tribunal del Jurado. Ángel Rico ya trabaja para demostrar al jurado la inocencia de su defendido.

La Fiscalía, como adelantó ayer La Tribuna, considera los hechos investigados en Almadén constitutivos de delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental. Además del agente, hay otros cinco encausados, uno es cuñado del principal investigado para quien la Fiscalía pide 15 años y seis meses de cárcel (seis por cohecho, cinco por revelación de secretos y cuatro años y seis meses por falsedad documental). Al cuñado del agente se le imputan cohecho e inducción al delito de descubrimiento y revelación de secretos, por los que se pide una pena de seis años y medio de prisión. Otro de los acusados se enfrenta a la misma pena por igual imputación. A dos se les acusa sólo de cohecho y se pide una condena de cuatro años y seis meses. Para el sexto encausado se solicitan dos años de prisión por falsedad documental.

El letrado Ángel Rico considera que la pena de 15 años y medio de prisión que piden para su defendido es «extraordinariamente elevada». Además, muestra su «extrañeza y malestar» por la publicación del escrito de conclusiones provisionales. «Ha sido prácticamente de forma simultánea a la notificación a las partes por cauces procesales. De hecho no me había dado tiempo material de informar a mi defendido que se desayunó con la noticia en este periódico». En esta línea crítica, dice que «la difusión del escrito de acusación cuando no se ha abierto el trámite de defensa y el procedimiento está con actuaciones pendientes en el juzgado en nada beneficia a la causa de la justicia. Lo único que puede provocar es una contaminación de los ciudadanos que conformen el jurado».

Según el escrito de acusación, en poder de La Tribuna, el principal acusado por su cargo tenía acceso a la base de datos de la Guardia Civil que centraliza toda la información y también a otros de la Dirección General de Tráfico. Ante las sospechas y posterior denuncia, la juez de Almadén autorizó  las escuchas telefónicas, decretándose sucesivas prórrogas. De este modo, y también por la investigación en curso, se fueron despejando las incógnitas. El cuñado del guardia civil contactó presuntamente con éste en junio de 2021 «para que le mirara desde el cuartel, cuando estuviera trabajando, una matrícula en relación a la venta de un coche a un sobrino suyo». A cambio, ofreció al guardia una 'espera' en la caza de jabalí.

Como quiera que el agente estaba de vacaciones, según el escrito, «convenció a un compañero del puesto de Almadén, quien accedió a la base de datos consultando la matrícula». Una vez que el guardia obtuvo dicha información de terceros se la transmitió a su cuñado, insinuándole  que si alguna vez le decía algo su hermano, «le propusiera para que le llevara a una montería». Según el relato de hechos de la fiscal, no fue el único caso. Otro de los acusados solicitó al agente información de una persona. Tras informarle al respecto, que esa persona no tenía nada raro ni pendiente causa alguna, le dijo que a cambio le diera eso, a lo que le respondió que cuando fuera solo se llevaría un jamón. El amplio y detallado escrito de conclusiones provisionales recoge el caso de otro de los acusados que le preguntó sobre cuánto le tenía que pagar por el trabajo realizado (un escrito que provocó el sobreseimiento de un expediente sancionador y archivo de las actuaciones) y le dijo que le preparara un guarrillo.