El presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha, Ruperto Mesas, se mostró crítico y cauto ante el anuncio del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de aparcar el Plan Especial del Alto Guadiana (PAEG) y la financiación que anunció él mismo en 2022 de hasta 250 millones de euros, para centrarse en las actuaciones prioritarias para Las Tablas de Daimiel, como se ha hecho ya con el Mar Menor y Doñana. Una propuesta que solo sería «bienvenida» si las gestiones para reducir el regadío y atajar la situación crítica que atraviesan Las Tablas de Daimiel, se centran en el entorno del Parque Nacional. 

Así lo expuso Ruperto Mesas, presidente de la organización, que engloba a todas las comunidades de usuarios de la región. «Estamos ante una nueva tomadura de pelo como tantos anuncios que hacen los políticos», indicó, señalando  que parece que se ha «cambiado el concepto de mentir». Así, recordó que fue el propio Morán quien anunció «la reactivación del Plan Especial del Alto Guadiana» durante un acto el 28 de septiembre de 2022 celebrado en Alcázar de San Juan, «antes de las elecciones». «Ahora vienen vendiendo otra serie de medidas que desconocemos cuáles son», denunció.

La cautela en la federación llega con la otra parte del anuncio, cuando «se apunta a establecer una serie de medidas en el entorno de Las Tablas de Daimiel exclusivamente como una medida quirúrgica para solucionar el problema». «Bienvenida sea» esta propuesta, dijo Mesas, ya que «la propia normativa dice cuando se definen las masas de agua, que las antiguas unidades hidrogeológicas, donde se encontrara algún espacio natural en ellas, se podrían dividir en más de una masa de agua» y esto sucedió con las masas de agua del Alto Guadiana. De hecho, «el Plan Especial del Alto Guadiana era ambicioso» y tenía «como primera medida la eliminación o la recuperación de lo que ellos le llaman reestructuración de los derechos de agua dentro de lo que era el antiguo acuífero 23 y el 24». Por este motivo compraron terrenos por 82 millones de euros hace años en Las Tablas y debían dedicarse en «un 70%» de los pozos comprados a la recuperación medioambiental, algo que, afirma, que no se ha hecho.

En este sentido, la federación expone que la división actual de comunidades no se tiene en cuenta al hacer un análisis de las aguas subterráneas. «Han hecho una simplificación aberrante de todo, alterando datos técnicos», indicó. Por este motivo, la federación quiere «sacar la verdad documentada» respecto al agua subterránea porque cree que la administración ha metido a los regantes «en un laberinto que no tiene otra salida que quitar derechos de agua». Su objetivo es «evitar que se generalicen las medidas extremas en todo el territorio Alto Guadiana, para diluir el problema que hay en Las Tablas», comentó.

El problema en ambos casos es que a «los usuarios se les ha dejado fuera del proceso» y denunció que ha ocurrido, incluso, en las jornadas técnicas que celebró la Confederación Hidrográfica del Guadiana, donde Morán hizo el anuncio. «Vinieron a anunciarnos el apocalipsis para intentar adaptar nuestras dotaciones a los recursos disponibles que ellos establecen» y que se realizan con «informes, en la mayoría de casos, falsos». Además, considera que en las jornadas se expuso «el lado normativo, que viene a regular los recursos, pero omitiendo por completo que la ley también tiene un lado en el que establece mecanismos de garantías hacia los usos», señaló el presidente de los regantes y recordó que es la Administración la que «concede» el agua.