El Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real ha condenado a un año y siete meses de prisión a J. M., titular de un clínica dental en Chillón por los delitos de intrusismo profesional y lesiones por imprudencia grave. La sentencia, a la que ha tenido acceso La Tribuna, detalla los hechos que tuvieron lugar en la mencionada clínica, donde el condenado, sin la titulación necesaria en odontología ni en higiene dental, realizó prácticas propias de un profesional de la salud dental, lo que causó lesiones a varios pacientes. Uno de ellos denunció que, tras recibir un tratamiento de puente dental por parte del acusado, sufrió dolor intenso, infecciones y la pérdida de varias piezas dentales, requiriendo posterior atención médica de una odontóloga colegiada. El informe forense confirmó lesiones graves, incluyendo reabsorción radicular y pérdida irreversible de dientes. 

Según los hechos probados en la sentencia, J. M. regentaba la clínica desde 2015. A pesar de contratar a profesionales cualificadas para ejercer la actividad de la clínica, él no estaba colegiado ni contaba con las credenciales necesarias, llegando a atender personalmente a varios pacientes realizando tareas que corresponden a odontólogos, tales como empastes, extracción de dientes y la colocación de coronas.  El magistrado Jesús Miguel Moreno Ramírez consideró probado que J. M. cometió intrusismo agravado al realizar actos propios de odontología en un establecimiento abierto al público, engañando a los pacientes. El letrado y la víctima manifestan su "plena satisfacción" no solo por el fallo en particular "sino por la protección del derecho universal a que te trate un sanitario plenamente cualifico y habililado para ello".

El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, representadas por el Colegio de Odontólogos regional y el propio afectado, solicitaron la condena del acusado, mientras que la defensa pidió la absolución o, en su defecto, una condena menor. Sin embargo, la sentencia ha ratificado la condena, subrayando que la actividad del acusado en la clínica no solo ponía en riesgo la salud de los pacientes, sino que también vulneraba las normas que protegen la salud pública y la integridad de los profesionales del sector.

Además, deberá pagar una indemnización de 2.500 euros por las lesiones y secuelas al paciente, 2.610 euros más por la cantidad abonada al acusado por los servicios que dieron lugar a las lesiones, y 3.398 euros a la odontóloga que le trató de las lesiones ocasionadas.