La intención manifestada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en todo el proceso de normalización de la situación en Cataluña después del procés y con las normas para despenalizar algunos delitos cometidos por los independentistas, desde la modificación de los delitos de sedición y malversación a la tramitación de la ley de amnistía, era la de desjudicializar la vida política a catalana y "devolver a la política lo que nunca debió salir de ella". Como todas las buenas intenciones, está también contribuirá a empedrar el infierno.
La presentación de una iniciativa legislativa popular en el Parlament catalán admitida a trámite para reactivar el camino hacia la independencia de forma unilateral ha sido respondida por el Gobierno con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que de ser aceptado a trámite, como es previsible, paralizará la iniciativa y devolverá al terreno judicial la defensa del orden constitucional, con jurisprudencia acumulada desde la anterior intentona. Los promotores de la iniciativa legislativa bien sabían que su propósito chocaría de frente con la posición del Gobierno, que aunque ha tardado en presentar su recurso, algo que podía haber hecho de forma inmediata, era lo previsible ante una nueva provocación del independentismo irredento, inasequible al desaliento en su desafío al ordenamiento constitucional.
Acción y reacción que para el independentismo vuelve a ser gasolina para su victimismo, que ni tan siquiera puede considerarse como una muestra de fortaleza porque la evidencia es que su capacidad para iniciar un nuevo proceso soberanista está muy debilitada, no solo porque lo digan las encuestas que toman el pulso a la ciudadanía, sino porque el propio movimiento se encuentra fraccionado, roto, enfrentado y en las próximas elecciones autonómicas catalanas puede perder la mayoría de los votos y de los escaños, que confirmarían la estrategia de ERC de que necesitan acumular fuerzas para realizar un nuevo intento con más posibilidades de éxito, el "lo volveremos a hacer y mejor", que tienen en su imaginario.
El recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional, que frenará el debate sobre la iniciativa legislativa, sumado a las continuas declaraciones acerca de la inviabilidad de la concesión de un referéndum de autodeterminación y mucho menos de su realización tendrían que servir para rebajar la presión, pero los "indepes" juegan a apretar las tuercas a Sánchez con el ejemplo de la elaboración de la ley de amnistía, que hasta antes de las elecciones generales era una posibilidad que negaban de plano, mientras que el PP agita el mismo fantasma a pesar de la distancia existente entre la concesión de la amnistía y la celebración de un referéndum para la segregación de una parte de España.
Con la vuelta del prófugo expresidente de la Generalitat a la primera línea política al frente de Junts, con el añadido de una serie de organizaciones muy minoritarias dentro del independentismo con las que quiere dar imagen de transversalidad -cuando lo que de verdad le interesaba era una lista única con ERC- habrá que sufrir sus dislates argumentativos, sus bravuconadas y sus amenazas de chantajes. Por lo pronto el Gobierno ha utilizado su primer instrumento legal para frenar el conato de reproducir el 'procés', que apunta a que el Estado no se encuentra desarmado para hacer frente a cualquier desafío independentista.