Las dos últimas condenas por agresiones a médicos que ha dado a conocer el Colegio de Médicos pueden ser un elemento que ayude a que estos profesionales pierdan el miedo a denunciar y no se deje pasar ninguna situación que pueda ocurrir en las consultas. Así lo señaló el interlocutor sanitario y jefe de seguridad privada de la Policía Nacional, Joaquín Jiménez, quien explicó, por ejemplo, la última denuncia de una médica, quien ha puesto en conocimiento de la policía el trato vejatorio que recibió por un paciente que tuvo una actitud racista y machista con ella, al llamarle «panchita», por su procedencia, e insistir en que él quería que le atendiera un médico, hombre, y español. 

Se trata de un caso más, que seguramente se dirima como delito de odio. «La gente se va quitando ese miedo, se sienten más arropados por nosotros», dijo. En este sentido, Jiménez indicó que se ha pedido que haya un mayor cuidado, por los sanitarios procedentes de Suramérica o de otras partes de Europa, porque se podrían intensificar esos insultos vejatorios. «Tenemos que prestar atención», dijo.

«Se seguirán incrementando las denuncias, pero no porque a lo mejor haya más casuística», apuntó respecto a la situación en general de la sanidad y la violencia. Se está perdiendo el miedo a la denuncia, se dan a conocer a condenas, pero recordó que sigue siendo clave el papel de la educación, para atajar esta problemática, que afecta no solo a médicos y pacientes, sino también a los familiares de estos últimos, porque «el 40 por ciento» de las intervenciones se deben a actitud violentas de ellos. 

«Cuando detectamos algo, yo lo que hago es ponerme en contacto con el sanitario para hacerle saber de la figura del introductor policial sanitario, facilitando mi número de teléfono con la habilidad de asesorarle y apoyarle en lo que necesite», indicó Jiménez, quien muchas veces por su labor se centra no solo en escuchar y tramitar denuncias, sino también en mediar en conflictos que pueden surgir. Como ejemplo, hizo una mediación de este tipo tras una petición de un grupo de enfermeros, que no tenían acceso a una vivienda para hacer las curas, y tras la mediación policial, los familiares aceptaron que serían ellos los que se acercaran al centro de salud para hacerlas.