El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado la razón al municipio turolense de Albarracín en el histórico conflicto administrativo que Cuenca mantiene por los límites del monte público El Entredicho. Este terreno marca el límite provincial pero también el autonómico entre Castilla-La Mancha y Aragón, y el Gobierno ha dado la razón a Albarracín, con lo que el municipio de Cuenca perderá 2.000 hectáreas de terreno. No obstante, el Ayuntamiento de Cuenca puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

El Ministerio de Política Territorial publicó el lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que fija el límite administrativo entre los términos municipales de las dos poblaciones dejando del lado de Albarracín la totalidad del monte del Entredicho. Considera que el deslinde del monte del Entredicho que confirma la propiedad de la localidad turolense es el criterio que debe prevalecer al fijar, también, el límite entre los dos municipios. 

Este conflicto fronterizo tiene su origen en El Entredicho, monte marca un trozo de territorio entre las provincias de Teruel y Cuenca. Desde finales del siglo XIX, Albarracín y Cuenca mantienen un contencioso por las 2.000 hectáreas de terreno y pugnan por delimitar definitivamente el límite provincial. El Ayuntamiento de Cuenca considera que el río Tajo, que atraviesa el monte, es el que históricamente ha delimitado la frontera entre ambas provincias, pero en el municipio turolense no están de acuerdo. El monte esta gestionado desde 1926 por el Ayuntamiento de Albarracín, aunque se encuentra dentro del territorio conquense.

La decisión Ministerio de Política Territorial que publica el BOE sigue la recomendación  del Instituto Geográfico Nacional y del Consejo de Estado. La decisión cuenta con el aval del Consejo de Estado, que dio su conformidad hace un mes, el pasado 18 de julio. No obstante, pese a que se agota la vía administrativa, no es el fin del litigio porque «los interesados interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado».