Las acusaciones coordinadas por Vox han pedido al juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, una batería de diligencias, entre ellas la testifical del ex secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, a quien consideran un "vínculo" entre el Ejecutivo y el Instituto de Empresa.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, las acusaciones han reiterado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, su solicitud para practicar una serie de pruebas, como reclamar los extractos bancarios de todas las cuentas de Gómez en los últimos cinco años.
Las acusaciones populares han entregado al juez instructor la documentación de los expedientes de la Oficina de Patentes y Marcas relativa al 'software' que habría inscrito la esposa del presidente del Gobierno. Con esto, tratan de demostrar que pudo haber una apropiación indebida de esa aplicación por parte de Gómez.
La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez - Foto: David Zorrakino Europa PressAnte la falta de respuesta del magistrado, las acusaciones populares han insistido y le han recordado también la necesidad de requerir documentación sobre el patrocinio de la cátedra que ha codirigido Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Como nuevas diligencias, quieren que el juez cite al ex secretario de Estado Manuel Muñiz, actual rector internacional del Instituto de Empresa, donde Begoña Gómez dirigió el África Center, y que se requiera a la Guardia Civil que recabe los contratos de esta institución con varias entidades, como la Organización Mundial del Turismo o Globalia.
También quieren que el juez recabe todos los viajes a África de la mujer del presidente del Gobierno en representación del IE África Center y que cite a declarar como testigo a su actual presidenta, Felicia Appenteng.
El escrito está firmado por Vox, que coordina todas las acusaciones populares que el juez admitió en esta causa: el autodenominado sindicato Manos Limpias, que fue quien denunció a Begoña Gómez en primera instancia, la organización ultracatólica Hazte Oír, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España, en cuyo abogado la Fiscalía ha visto indicios de revelación de secretos.