El presidente de la Junta, Emiliano García-Page avanzó ayer en Almansa que Castilla-La Mancha instará «a las instituciones del Estado», a través de las Cortes regionales, a emprender «un cambio normativo» para ejecutar «un nuevo plan de electrificación en todo el país» que desbloquee las inversiones que se necesitan «con urgencia» en este ámbito.

Page explica que «hay energía», pero «resulta que ni lo que producimos lo podemos volcar a la red, ni lo que se vuelca a la red tiene capacidad para que todas las empresas que quieran engancharse lo hagan», tal y como detalla en relación con esta problemática que impide invertir tanto a Red Eléctrica como a las distribuidoras del sector.

Todo ello lo puso de relieve en la inauguración de la nueva planta de fabricación de fibra óptica que la compañía 'Hispanic Fiber Fast' ha construido en Almansa. 

«Vamos a aprobar una iniciativa» a fin de que «no se cortocircuite nuestro crecimiento» y que «todo el que quiera emprender y crecer pueda hacerlo», dado que «la legislación hoy en España topa la capacidad que tienen las empresas para invertir», señaló García-Page durante su intervención. 

En este sentido, considera que «ese mismo salto que dimos en infraestructuras» en décadas pasadas en España, «lo necesitamos ahora en tendidos eléctricos». Estas reclamaciones en materia energética ya las llevó Page a Pedro Sánchez en la reunión que mantuvo en La Moncloa el pasado año. 

«Se necesita a marchas forzadas». Igualmente, García-Page ha sostenido que este nuevo plan «se necesita a marchas forzadas». Por eso argumenta que «se pueda modificar, aunque sea temporalmente para que, durante una serie de años» Castilla-La Mancha pueda aumentar su capacidad en este ámbito.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego destacó que «estamos en condiciones de, a lo mejor en una década, tener toda la energía que necesita»  un país como España y además de conseguirla «de forma limpia y competitiva». 

El presidente castellanomanchego concluye que esta suma de factdores es «pura soberanía» y que «puede influir en la competitividad de la economía española en un 20 por ciento», apostilla.