Se habla de más de mil clientes colgados en sus tratamientos por el cierre de las clínicas Ideal, una cadena de centros que de la noche a la mañana echó la persiana, «debido a la situación económica» tras la pandemia y la falta de créditos, según señalaron en un comunicado en su web hablando de este cierre. Una situación de la que Ciudad Real, con una sede de esta clínica, no es indiferente y ya hay 30 personas que se han acercado a la OMIC de la capital para denunciar que tienen algún crédito asociado a un tratamiento o pagos por servicio que nunca recibirán. Se trata de datos solo de Ciudad Real, porque hay afectados también de municipios   cercanos, que deben acudir a sus OMIC a interponer una denuncia. 

«Son muchas reclamaciones» para un comercio, señaló la jefa de Servicio de Consumo, Pilar Gómez, quien cree que pueden llegar más en los próximos días. El cierre se hizo a finales de diciembre. Una buena parte de ellas son personas que tienen el tratamiento financiado, en «un crédito vinculado» al servicio, una iniciativa, que al fin y al cabo, basta con informar de la situación, porque si no hay servicio no es necesario seguir abonando las cuotas. «Pueden pedir la cancelación del préstamo». 

El problema es en las que han abonado de forma adelantada los tratamientos, donde las dificultades son mayores. «Actualmente, estamos en proceso de negociación para la redirección de los clientes con tratamientos pendientes, y esperamos próximamente poder deciros algo», indica el comunicado de la dirección, el mismo con el que acudieron las primeras consumidoras a la OMIC. «Estamos viendo que hay gente que se ha gastado más de 1.000 euros», indicó, como cifras que se han podido dejar de disfrutar. 

La situación actual es que hay dificultades para hablar con los encargados de la empresa que presta el servicio y que es el inicio, siempre, de cualquier reclamación de consumo. «Todo estaba cerrado» y eso ha hecho que sea imposible el diálogo con la empresa. «Cuando acuden a consumo, pues, hacemos una reclamación a la empresa», se inicia la solicitud de cancelación de la financiación, haciendo una reclamación a la empresa financiera, y mientras esperando a la posible solución de este conflicto, que, entre otras cosas, pasa por derivarse a otros centros o bien iniciar un proceso judicial. El problema es que los clientes se ponen detrás de los trabajadores al cobrar, y las informaciones señalan que podría haber más de medio millar de empleados afectados con este cierre. 

Por último, la jefa de servicio de Consumo recordó la importancia que tiene guardar toda la documentación de los tratamientos. «Hay gente que no tiene nada, ni presupuesto, ni contrato», de ahí que sea importante que cuando tengan cualquier conversación se haga de alguna manera que sirva como prueba de lo ocurrido.