Suspendido el juicio en la Audiencia Provincial que iba a juzgar los hechos que se le imputan a un hombre de 57 años, de iniciales P. R. R., acusado de sendos delitos continuados de agresión sexual que habría cometido, durante casi una década, contra las sobrinas de su mujer, que tenían siete y once años cuando habrían empezado los abusos. El magistrado decidía aplazar el procedimiento después de que las acusaciones particulares hayan reclamado que la Junta de Comunidades responda como responsable civil subsidiaria, ya que las dos presuntas víctimas se encontraban en situación de desamparo legal, con su tutela concedida a los tíos de las mismas en acogimiento familiar.

Puesto que los escritos de acusación no habían sido trasladados a la administración regional para que los estudiara y decidiera si personarse en la causa, el tribunal optaba por suspender el juicio y buscar un nuevo señalamiento, ya con la Junta personada, si así lo estima oportuno. El investigado se enfrenta a penas de 24 años de prisión (12 por cada menor), según la petición de la Fiscalía, y a 30 años (15 y 15) según la solicitud de las acusaciones particulares.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, las dos niñas convivían con sus tíos desde 2010 y hasta 2019. "Son unas jóvenes especialmente vulnerables, al provenir de una familia de origen totalmente desestructurada, multiproblemática y en situación de exclusión social, viviendo desde corta edad múltiples cambios de entorno, con una atención y supervisión materna deficientes, existiendo múltiples factores de riesgo, que derivaron en que a la edad de 10 y 7 años, respectivamente, tuvieran que ser tuteladas por la Junta de Comunidades", indica la acusación pública.

Francisco Víctor, abogado del investigado. - Foto: Rueda Villaverde

Según la Fiscalía, el acusado, aprovechando la relación de convivencia "y asumiendo un papel similar al de la figura paterna, así como la significativa diferencia de edad, que podía inhibir la revelación de los hechos de manera concomitante con los mismos", perpetró, entre otros, tocamientos, penetraciones, masturbaciones y felaciones, "obteniendo la colaboración de las menores mediante engaños (decía que era un juego) o chantaje emocional (decía que era un favor por lo que él hacía por ellas)". "Les estaba dando comida, cama, las tenía acogidas y ellas tenían que cumplir". Según el ministerio público, en algún momento llegó también a pegar a una de las niñas, de las que abusaba en su domicilio familiar o en una cocina campera mientras la tía se encontraba fuera o el resto de la familia, sus primas, estaban en otras habitaciones.

Falta de verosimilitud e incoherencias

Francisco José Víctor, abogado defensor, solicita la absolución para su representado ante la "falta de verosimilitud total" en las declaraciones de las dos menores, tanto en los motivos como en las circunstancias previas al acogimiento. Además, recordaba que este proceso fue motivo de dos sobreseimientos previos por la "contundencia de los informes" aportados por los peritos psicólogos, en los que se constatan esas incoherencias que "conducirán a probar la inocencia" del acusado.

Por el contrario, Gabriel Pineño, abogado de una de las denunciantes, sostenía que las dos menores se encontraban en una situación de "clandestinidad" al no tener una persona en la que confiar y contar lo que les estaba sucediendo, y fue por ello por lo que no lo contaron a sus amigas hasta la adolescencia.