El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo (1964) ha solicitado la jefatura de la Fiscalía de Ciudad Real, según avanza el diario El Mundo, que recientemente ha salido a concurso tras la jubilación de su anterior titular, Luis Huete. Carballo es el fiscal que recurrió el paso dado por el juez instructor de la causa de Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, al considerar que no existían indicios suficientes para proceder contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que los hechos no eran constitutivos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves.

"No se practicó, entre el auto de inculpación que justificaba no remitir la exposición razonada y el momento de efectuarlo, ninguna diligencia en relación con los dos aforados que permitiese dar el paso finalmente dado", señala en un escrito, al que ha tuvo acceso Europa Press.

En este sentido, el fiscal Miguel Ángel Carballo reprochaba al magistrado --que está a cargo de la investigación en la que se analiza el papel de la plataforma 'Tsunami Democràtic' en los altercados y acciones posteriores a la sentencia del 'procés'-- que adoptara decisiones "contradictorias" en resoluciones próximas en el tiempo.

"Resultaba del todo incongruente acordar una serie de diligencias en el auto de inculpación de 6 de noviembre y, sin esperar a su resultado, precipitar la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo", insiste.

El fiscal suma a esto que, en contra de lo que manifiesta el auto por el que se rechazan los recursos de varias de las partes encausadas, se han llevado a cabo "escasas diligencias" y solo en referencia a las consecuencias de los disturbios sucedidos en Cataluña tras la sentencia, pero "en ningún caso a nuevos indicios de imputación contra los aforados que precipitasen, en contra de lo motivado, la remisión de la exposición al Tribunal Supremo".

En este sentido, subraya que "hasta la fecha" el juez García Castellón "ha llevado a cabo diligencias que no han incidido en absoluto ni han aportado dato nuevo alguno sobre la inculpación" de Puigdemont o Wagensberg. Y recalca que en el caso del expresidente catalán "ni siquiera la Guardia Civil" le ha atribuido ninguno de los hechos que se investigan en esta causa.

Asimismo, reprocha al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que haya "extendido la práctica de diligencias a la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil", por lo que le acusa de llevar a cabo "una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación".

Carballo asegura que "ya era significativa la falta de argumentos para la concreta imputación de hechos de matiz terrorista a los investigados", al considerar que el juez en el auto del 6 de noviembre "se limitaba a una genérica remisión a los informes de la Guardia Civil" y "tan solo" dedicaba un capítulo a la imputación de Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

"Pues bien, al día de hoy, la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo se presenta totalmente injustificada e inmotivada, ante el nulo avance de la investigación en tal sentido", concluye.

LE AFEA QUE CONFUNDA 'TSUNAMI' CON CDR

Carballo, que no ve el delito de terrorismo en el asunto y considera que la causa debe ser remitida a los juzgados de Cataluña, señala que, en todo caso, el juez ya ha remitido por providencia la causa al Supremo, que ahora debe ser "quien decida sobre su competencia para conocer de los hechos".

En el marco de su escrito, el fiscal también afea al juez que en los fundamentos de algunas de sus resoluciones llegue a "confundir el fenómeno de 'Tsunami Democràtic' con los CDR cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes".

Para el fiscal resulta "relevante" en este sentido "cómo se atribuye en los informes de la Guardia Civil a alguno de los aquí investigados su interés en contactar y contar con la actuación de los CDR, exponente evidente de que no se trata del mismo fenómeno".

Carballo, que ya trabajó en la Fiscalía ciudadrealeña en la década de los años 90,  fue nombrado número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a propuesta del ex fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza. Su nombramiento depende del fiscal general, Álvaro García Ortiz.