La Junta ha renovado el convenio para financiar la estructura de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha. Son 460.000 euros, al igual que ya se aprobó el pasado año, que ha permitido sostener 15 empleos, ganar margen de actuación, visibilidad y realizar proyectos por un montante de 600.000 euros con otras subvenciones y fondos propios de las entidades que la forman. En la Mesa del Tercer Sector están la Cruz Roja, Cermi, ONCE, la Red de Lucha contra la Pobreza, la asociación de residencias Acescam, la Coordinadora de ONGs y la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Castilla-La Mancha.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, explica que lo que se pretende con esta financiación de la Junta es "afianzar y conseguir esa estabilidad que queremos para el Tercer Sector y sus estructuras para seguir desarrollando ese trabajo fundamental en política social". Confirmó que es un compromiso del Gobierno regional seguir contribuyendo al mantenimiento de esta estructura. Además destacó que se está haciendo un gran esfuerzo para ir adelantando la convocatoria de otro tipo de ayudas para entidades sociales, con el fin de que se puedan planificar el año y darles estabilidad. "Se han resuelto las convocatorias más destacadas de antes de finalizar 2023", expuso García, "y algunas, la mayoría, ya están pagadas".
El presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, explicó que hay otras comunidades autónomas que se han fijado en el modelo de Castilla-La Mancha para replicar este convenio. Dio algunas pinceladas de lo que se ha hecho con esta financiación, desde un plan de comunicación a una nueva web y todo el trabajo sobre nueva normativa que se tiene que aprobar en Castilla-La Mancha. Están, por ejemplo, trabajando en una nueva Ley de Accesibilidad, del Voluntariado, en una reforma de la Ley de Vivienda o en la de Simplificación Administrativa, reclamando que "la comunicación entre Administración y ciudadanía sea lo más sencilla y accesible posible". Además ponen deberes para el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, pues no solo quieren que se elimine el término de minusválido, siguiendo la reciente modificación de la Constitución, sino que promueven que en el articulado "se garanticen los derechos sociales de la ciudadanía y se tenga en cuenta la singularidad del Tercer Sector". "Somos un agente social y económico", reivindica.
Romero subraya que el Tercer Sector tiene que avanzar y mejorar en muchos ámbitos. "Otro objetivo es explorar nuevas estrategias de innovación para hacer mejor lo que hacemos cada día", apunta.