Evocando el célebre episodio de la historia alemana que encomiaba la confianza en la justicia de un honrado ciudadano frente a la arbitrariedad del rey de Prusia, bien podríamos decir que en España, también en España, ¡todavía hay jueces... y fiscales¡Fiscales que asumen la dependencia jerárquica, pero que honran con sus actos los principios de legalidad e imparcialidad que determinan su independencia.
Y parece que son mayoría como se desprende de la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo que en número de doce contra tres -sobre un total de quince- han rechazado el informe del ponente sobre el "Caso Tsunami" y consideran que hubo terrorismo y once frente a cuatro que hay indicios de criminalidad contra Carles Puigdemont. La decisión se traduce en qué el Tribunal Supremo podría procesar a Carles Puigdemont por terrorismo.
No es vinculante aunque deja en evidencia al mencionado ponente que en un informe anterior calificaba de terrorismo los episodios violentos relacionados con el Tsunami Democrátic que investiga el juez Manuel García-Castellón pero cambio de criterio en cuestión de horas tras un encuentro con el fiscal general del Estado, alineado con las tesis del Gobierno. La decisión de la Junta de Fiscales -que es la élite del Ministerio Público- pese a su peso específico, como quedó dicho, no es vinculante por lo que, vistas las maniobras de Pedro Sánchez para salvar a Puigdemont a cualquier precio -con desprecio de normas y decoro- se quedará en un simple revolcón. Pero desnuda la posición oficial partidaria de pasar página en relación con los encausados por el "procés" en línea con las necesidades políticas de Pedro Sánchez.
Sigan o no adelante con las maniobras para blanquear al prófugo expresidente de la Generalidad y a quienes con él se levantaron contra el Estado, quedará en pie una evidencia que reconforta: pese a las injerencias y presiones del Ejecutivo en España hay fiscales y también jueces que no se resignan a perder su independencia. En estos tiempos tan convulsos no es una mala noticia.