La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está «estudiando actualmente el alcance y las consecuencias» de las sentencias en las que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Toledo declaró ilegal la limitación de la caza impuesta por el Gobierno regional en el Parque Nacional de Cabañeros. Ambos fallos estiman los recursos de dos miembros de la Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros frente a las resoluciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que anulaban sus cotos incumpliendo la Ley de Parques Nacionales. 

Las sentencias consideran que la Administración debió haber seguido los procedimientos establecidos en la Ley de Parques Nacionales para limitar los usos y aprovechamientos de los cotos de caza integrados en el parque. Al no hacerlo, la Administración ha vulnerado los derechos de los titulares de los cotos, quienes no han recibido ninguna indemnización por la privación de sus derechos de caza.

Unas sentencias cuyo alcance y consecuencias está estudiando el Gobierno regional como así aseguraron a La Tribuna fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible, quienes señalaron que desde el Ejecutivo de Emiliano García-Page «se respetan siempre las decisiones judiciales», pero recuerdan que este asunto compete al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que «que es el que tiene todavía la competencia de gestión de los dos Parques Nacionales de la región y de donde parte la prohibición de la caza en los mismos». «Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha abogamos por la gestión cinegética sostenible como instrumento de conservación y control de poblaciones, pero toca respetar la normativa nacional al respecto», señalan, para subrayar después que «las sentencias aluden a un fallo en el procedimiento no en la prohibición en sí, por lo que se tendrá que ver cómo se va a subsanar por parte del Miteco». 

Desde la Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros muestran su «satisfacción» por estas dos sentencias. Su presidente, Rafael Sánchez, en declaraciones a este medio, argumenta que ambas sentencias «asumen nuestro argumentario al cien por cien de que mientras no se pongan las medidas para controlar los angulados y no se indemnice a los propietarios no se debería haber tomado la medida de la prohibición de la caza», y que es lo que la asociación viene defendiendo en los últimos años, desde 2021, año en que entró en vigor la prohibición de la caza comercial y deportiva en los parques nacionales. 

«Estamos muy satisfechos con estas dos sentencias», reconoció Sánchez, quien aseguró que la Administración ha recurrido las dos sentencias a instancias superiores, por lo que manifestó que «la lucha continúa. Estamos contentos de que el Juzgado nos dé la razón, pero la Administración continúa en sus trece y ha decidido recurrir, por lo que será un proceso largo donde la problemática ambiental ya está en marcha», lamenta el presidente de la Asociación de Afectados.