Si hay algo que desmoralice al empresario es no cobrar el trabajo o el servicio que ha realizado, no ya en el plazo que marca la ley sino en un tiempo razonable que le permita continuar con su actividad y dar normalidad a su compañía.

Un hecho que parece obvio, y que, sin embargo, trae de cabeza a miles de empresas españolas que denuncian que tienen más de 1,3 billones de euros en pagos o préstamos pendientes de cobro, según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, que revela que a pesar del «notable» dinamismo que experimentó la economía en 2023, los morosos en el tejido productivo todavía representan un desafío «persistente» para su estabilidad financiera.

En este contexto, el análisis confirma que el 81% de las sociedades tiene deudas pendientes de sus clientes. Un porcentaje de respuesta ligeramente superior al promedio europeo, que está en el 79%, y que sitúa al país como el décimo Estado con mayor proporción de negocios que sufre morosidad.

Así, España comparte posición con Austria, Croacia, el Reino Unido y Francia, y supera a Noruega (79%) e Italia (78%). Los porcentajes más altos se registran en la República Checa (89%), y Alemania, Serbia y Suiza, las tres naciones con un 83%, mientras que en el otro extremo estarían Irlanda (75%) y Bélgica (74%), con las cifras más bajas.

Como consecuencia de esta realidad, el 38% de las organizaciones analizadas sostiene que ha tenido que cancelar deudas incobrables utilizando parte de sus ingresos, incluso, de su propio patrimonio.

En este escenario, los economistas subrayan el dato de que solo el 50,3% de las facturas se abonaron en tiempo y forma en el cuarto trimestre de 2023. O lo que es lo mismo, prácticamente la mitad de los trabajos se liquidaron con retraso, según el Observatorio de Morosidad del último trimestre del año, que elabora Cepyme.

Esta persistente problemática, que penaliza de manera especial a las pymes, representa un coste financiero de 2.600 millones, un 50% más que en el mismo período del año anterior. Una situación que no resulta fácil de afrontar para las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menores recursos financieros y capacidad de negociación y que, además, deben asumir el incremento de otros costes -energéticos, suministros, laborales, etc.- y los efectos de la inflación, que merman su solvencia, liquidez y rentabilidad.

Los analistas insisten que el actual contexto de encarecimiento del dinero, como consecuencia de unos tipos de interés muy altos por parte del BCE, dificulta la posibilidad de renegociar deudas y pagos pendientes en el medio y largo plazo.

El período promedio de abono en 2023 fue de 81,8 días, el más bajo desde 2017, pero superior al de 2015 (81 días) y todavía muy por encima del máximo legal de 60 días que establece la Ley 15/2010.

Las comunidades autónomas en las que más se tarda en cobrar son Murcia, Madrid y Galicia con un período medio de 90 días de carencia, es decir, un mes por encima de lo que ordena la ley. 

Reglamento

La morosidad es un problema común en la eurozona, según denuncian las patronales de los pequeños empresarios. En este sentido, sigue en trámite en la Comisión Europea la aprobación de un nuevo reglamento comunitario de morosidad. Cepyme valora como prioritario homogeneizar la regulación para combatir esta incidencia en el ámbito de la eurozona y garantizar las mismas condiciones en esta materia para todas las empresas del bloque y que la legislación tenga en cuenta la realidad de las compañías y las condiciones a las que tienen que enfrentarse los distintos sectores económicos productivos.

Los expertos alertan de un incremento de las solicitudes de concursos de acreedores en lo que va de año, que podrían superar un 10% respecto a 2023 y hasta un 54% si se compara con 2019, debido principalmente a un aumento de los niveles de morosidad, los cuales se podrían equiparar a los previos a la pandemia, tal y como apuntan desde el Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Economistas.

Los datos del Radar Empresarial de Concursos y Demografía indican que entre enero y junio de se produjeron 3.124 concursos de acreedores en España, lo que anticipa una realidad compleja para las empresas a lo largo de todo el año 2024.