La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; a las comisiones de Agricultura de las formaciones políticas y al Parlamento Europeo sendos escritos con propuestas de soluciones para mejorar la situación que atraviesa el sector primario.

En el documento, según ha informado este lunes la AIVE en un comunicado, recogen que frente a los graves problemas que se están ocasionando por la implantación de la Agenda 2030 a los sectores de la agricultura, ganadería, pesca, pequeñas y medianas industrias relacionadas con la transformación de los productos del sector primario y transportistas, el sector no puede quedar al margen de las importantes y próximas decisiones que se han de tomar.

Han advertido también de las "enormes" pérdidas del sector primario frente los grandes beneficios de las cadenas de distribución, con incrementos de hasta el 500 % sobre los precios en origen, a costa de los bolsillos de productores y consumidores.

Antes esta situación, la asociación aporta diversas propuestas, como crear un Certificado Europeo de Calidad y Seguridad Alimentaria para que lo cumplan todos los países de fuera de la Comunidad Europea, con inspectores europeos y con el pago de dicha certificación a cargo de las empresas de fuera de la UE que quieran vender sus productos en Europa, en la línea que ya aplican países como Rusia.

También plantean realizar auditorías a las grandes plataformas de distribución para conocer precios en origen, márgenes para cada uno de los intervinientes en el proceso hasta que se venden al consumidor final o detectar posibles abusos e instaurar un etiquetado completo del producto, con el origen, tratamientos y condiciones laborales.

Piden igualmente la revisión urgente de la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que su redacción actual supone un agravio comparativo para pequeñas y medianas empresas, al ser las únicas a las que se les exigen su cumplimiento mientras quedan exentas las cooperativas agroalimentarias.

Sobre los costes de producción, apuntan que tienen que estar regulados, para que no se realicen acciones de compraventa por debajo de dichos costes, y con la supervisión de la UE.

Proponen, por otra parte, que la energía destinada a la producción, transformación y transporte de alimentos cuente con reducciones considerables de impuestos.

Respecto a la política hidrológica, la AIVE lamenta la mala gestión del agua y ha demandado nuevos estudios rigurosos sobre la cantidad que se vierte al mar, así como inversiones similares a las destinadas a autovías, aeropuertos o ferrocarril.

Han incidido en que la cantidad de agua destinada al sector primario debe mantenerse, pues su uso se destina a la producción de alimentos, fundamental para el conjunto de la sociedad.

Por último, los representantes de la industria vitivinícola solicitan igualdad de condiciones de acceso a subvenciones e inversiones destinadas a mejoras alimentarias, sin distinción de su volumen o figura jurídica.

En lo referente a la Política Agraria Común (PAC) solicitan adaptar las ayudas a cada país y a cada región, teniendo en cuenta factores como la climatología o los cultivos, así como la simplificación de los requisitos de cumplimiento de las normas.