Un nombramiento contra reloj

Agencias
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Después de tres reuniones fracasadas y sin fecha para otra, el Poder Judicial debería elegir a su líder antes de la apertura del año judicial

Un nombramiento contra reloj

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no acaba de arrancar. Una vez renovados sus miembros después de años en interinidad, ahora los vocales no son capaces de llegar a un acuerdo para elegir a su presidente. Y eso que, después de tres votaciones fallidas, son conscientes de que el tiempo apremia y no pierden de vista que el 5 de septiembre se celebrará el acto de apertura del año judicial, presidido por Felipe VI, por lo que consideran clave este mes para lograr un consenso.

Fuentes jurídicas recuerdan que los vocales también tienen en cuenta que antes de ese día, el elegido o elegida para encabezar el órgano de gobierno de los jueces y también el Tribunal Supremo debería jurar o prometer su cargo ante el rey en Zarzuela.

Por el momento, los 20 vocales (10 propuestos por el PP y otros 10 por el PSOE) no han conseguido alcanzar un acuerdo para nombrar a uno de los siete candidatos que ellos mismos propusieron, cinco mujeres y dos hombres, todos magistrados del Supremo.

En su última reunión del pasado lunes, volvieron a votar sin éxito tras haber dejado la semana pasada la lista reducida a dos de ellos, Pilar Teso y Pablo Lucas, que empataron a votos.

Los 10 del sector conservador se decantaron por Lucas, considerado en un principio progresista, mientras que el otro grupo apostaron por Teso y reivindicaron la necesidad de que una mujer ocupe por primera vez la Presidencia del CGPJ. Ante esa alegación, los vocales conservadores propusieron someter a los siete candidatos a la elección por parte de la carrera judicial en una consulta «vinculante», según las fuentes consultadas. Los progresistas se opusieron al considerar «inconstitucional» y «corporativista» esa consulta.

Desde su grupo insisten en que ya es hora de situar a una mujer al frente del Poder Judicial tras 44 años de existencia del CGPJ, por «coherencia institucional» en un momento en que la legislación apuesta por aumentar la presencia femenina para lograr paridad en los puestos de responsabilidad.

Quien ostente la Presidencia del nuevo Consejo, defienden las fuentes consultadas, debe cumplir tres requisitos: ser mujer, progresista y haber alcanzado la excelencia profesional.

Los vocales dan por hecho que los siete candidatos cumplen con el requisito de excelencia; son las otras dos exigencias las que mantienen encalladas las negociaciones. Es más, según las fuentes, ante la exigencia de una mujer, los vocales propuestos por el PP llegaron a sugerir a las magistradas Carmen Lamela y Esperanza Córdoba, enmarcadas en el sector conservador de la carrera, pero tampoco concitaron consenso.

Y aunque inciden en que la voluntad es alcanzar un acuerdo, lo cierto es que en este momento parece complicado que se rompa alguno de los dos grupos y se logren los 12 votos necesarios para nombrar presidente. Para ello, dos miembros de uno de los bloques tendrían que ceder.

Por el momento, una comisión negociadora formada por ocho vocales tratará de acercar posturas durante este mes y solo se volverá a convocar el pleno cuando haya un acuerdo para designar a uno de los siete candidatos, entre los que también figuran los magistrados Antonio del Moral, Ana Ferrer y Ángeles Huet.

La comisión está integrada por cuatro vocales propuestos por el PSOE (Ángel Arozamena, Ricardo Bodas, Esther Erice y José María Fernández Seijo), y otros cuatro por parte del PP: José Antonio Montero, Isabel Revuelta, Alejandro Abascal y José María Páez.

Para defender su tesis, el grupo progresista insiste en que en la carrera son mayoría las magistradas, y alude a un acuerdo de 2005 en el que el CGPJ ya estableció que, entre dos candidatos con igualdad de méritos y currículum, se debía apostar por una mujer ante la discriminación histórica sufrida para llegar a puestos de alta responsabilidad. Más tarde, los planes de igualdad del Consejo han pedido garantizar una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en altos cargos de la judicatura.